En medio de las tensiones económicas actuales, el Gobierno ha decidido implementar un congelamiento del gasto público. Esta medida responde a la falta de disponibilidad real de fondos y busca evitar gastos innecesarios durante un periodo de presión financiera.
Aunque esta decisión afectará las nuevas asignaciones presupuestales, no influirá en los procesos contractuales ya en marcha. Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que ya se hayan expedido, continuarán vigentes, asegurando así que los proyectos en curso tengan garantizados los recursos necesarios para su ejecución.
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Analistas económicos han advertido que podrían considerarse nuevas medidas para mantener las cuentas fiscales bajo control, incluyendo posibles recortes en el Presupuesto General de la Nación. Esta situación podría prolongarse hasta que las condiciones de recaudación mejoren, algo que se espera ocurra en el segundo semestre de 2024. Es esencial aplicar bloqueos temporales para mantener la estabilidad fiscal de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
La función de los CDP es crucial en este contexto. Se trata de documentos que certifican la existencia y suficiencia de fondos en el presupuesto para atender un gasto específico. Esto garantiza que una entidad pública no pueda iniciar ningún proceso contractual sin asegurarse primero de contar con el dinero necesario para cumplir sus obligaciones. En otras palabras, el CDP asegura que hay suficiente apropiación presupuestal para cubrir un gasto específico.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal es, además, un mecanismo de control que previene el endeudamiento excesivo y asegura el cumplimiento del principio de legalidad del gasto público, como lo estipulan la Constitución Política y las leyes vigentes. Sin este certificado, las entidades públicas no solo no pueden iniciar nuevos contratos, sino que tampoco pueden hacer adiciones a los existentes.
En cuanto al impacto de estas medidas en los proyectos en curso, es importante destacar que los CDP ya emitidos no están afectados. Esta decisión garantiza la continuidad de los proyectos previamente aprobados. A pesar de esto, los nuevos proyectos tendrán que esperar a que las condiciones financieras mejoren para poder garantizar su financiamiento, en palabras más simples, deberán esperar a que haya plata para ejecutar.
Así, se espera que las apropiaciones presupuestales congeladas se liberen gradualmente en 2024, conforme mejoren las condiciones de recaudo. Esto permitiría al gobierno retomar cargos financieros pendientes y reactivar inversiones públicas cruciales. Especialistas sugieren que la economía necesita recuperarse para poder retomar el ritmo de gasto público habitual.
Desde una perspectiva de planificación fiscal, esta estrategia de congelamiento del gasto y los CDP refleja un esfuerzo por alinear la capacidad financiera del Estado con sus obligaciones presupuestarias. El objetivo principal es evitar gastos innecesarios en un momento en que las finanzas públicas están bajo presión. Este enfoque busca fortalecer la responsabilidad fiscal y prevenir déficits insostenibles que puedan poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Todo esto ocurre en medio de una situación que ya se veía venir, y es que las diferencias entre la Dian y el Ministerio de Hacienda permitían ver la posibilidad de ocurrencia de los hechos.
De hecho hay que remitirse a cuando la Dian indicó que no se recaudaría lo esperado por litigios, por lo que le solicitó a la cartera de Hacienda ser un poco más realista con lo que se quería recaudar. Asimismo, se le pidió que no contara con esos ingresos ya que no eran estructurales, es decir que pueden tardar años en ingresar, a pesar de que hubieran querido recaudar más con los tribunales de arbitraje, razón por la cual considerarlos en el Presupuesto General de la Nación podía ser una movida peligrosa.
Ahora bien, en su momento el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, aseguró que el recaudo de impuestos del primer trimestre del 2024 había sido el más alto de la historia, aportando un 16.8% del PIB, sin embargo, Reyes no consideró en su lectura de datos las devoluciones o saldos a favor que tienen las personas y las empresas, eso implica que es menos plata en comparación con lo que ingreso en el primer trimestre del 2023 y restando lo de la inflación, lo que según datos de la Carf es 1,2% menos que lo recaudado para el mismo periodo del año pasado, así las cosas se puede concluir que el recaudo no solo no creció sino que además disminuyó.
Con los datos como están Hacienda ahora sabe que no puede gastar más de lo que tiene, en otras palabras, necesita apretarse el cinturón.
Qué dijo Hacienda
La suspensión y posterior revisión del gasto se orientan hacia una preservación fiscal en medio de un contexto económico desafiante, entendiendo que el recaudo tributario de abril fue el más bajo que se ha registrado. Bonilla especificó: “Esta decisión está ligada al ajuste en el gasto presupuestado que contempla el Gobierno Nacional en vista de la reducción que registra el recaudo tributario.”
La estrategia del Ministerio es preventiva y busca garantizar un control más riguroso del gasto público. Bonilla detalló que, mientras se toma una decisión final sobre la dirección específica del ajuste presupuestario, las medidas de suspensión servirán para ayudar a manejar las finanzas del estado de manera más eficiente. “Se suspenden las partidas presupuestales de toda orden que tengan que ver con CDP no expedidos”, mencionó.