
Después de la persistente controversia provocada por las sugerencias de modificación en el sistema de salud promovidas por el Gobierno nacional, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, la iniciativa del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el apoyo de ciertos legisladores a estas propuestas generó una oleada de críticas y oposiciones; sin embargo, lo más preocupante es la advertencia de que estos congresistas están siendo objeto de amenazas.
Durante el debate de la Comisión Séptima del Senado de la República, el ministro de Salud afirmó que el rechazo de la reforma a la salud podría ocasionar problemas para garantizar la atención de los modelos únicos de salud, como los dirigidos a las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales. Esta declaración fue interpretada por algunos como un indicio de que la reforma podría ser impulsada de manera forzada, a pesar de las numerosas manifestaciones ciudadanas en contra de esta iniciativa y otras políticas propuestas por Petro.
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“Sí tenemos problemas, nosotros aspirábamos que para este momento ya tuviéramos una reforma en la que estaba claro, que el señor Presidente tendría facultades para poder direccionar modelos únicos y propios como los indígenas, afro, raizales, e inclusive de población Rrom, así sea un pequeño porcentaje de la población para eso era la constitución del 1991 para la diversidad del país y el respeto por las costumbres”, dijo el ministro.

Aparte, las intervenciones de la Superintendencia de Salud en algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como la toma de control por parte del Estado de algunas entidades que se entregaron voluntariamente debido a problemas financieros, provocó un amplio debate en la opinión pública. Los opositores de estas medidas argumentan que están poniendo en riesgo la salud de los colombianos y atacaron al sector privado, especialmente después de que la reforma fuera archivada en el Congreso.
En medio de este contexto, varios congresistas que respaldan la iniciativa de reforma denunciaron amenazas de muerte. Uno de estos casos fue el del representante a la Cámara Alfredo Mondragón, que compartió una carta amenazante a través de la red social X (antes Twitter).
Mondragón señaló en su post que: “Lamento informar que he conocido una amenaza de muerte contra quienes tramitamos y defendemos la Reforma a la Salud. No nos detiene, seguiremos denunciando con determinación a los que matan con el negocio de la salud. Esos corruptos tienen miedo”.

La misiva, dirigida “a los comunistas y Primera Línea que quieran acabar con la salud de los colombianos y son cómplices del guerrillero Petro”, advierte específicamente a los personajes políticos mencionados, entre ellos Carolina Corcho, exministra de Salud; Martha Alfonso, congresista del Pacto Histórico; Francisco Castellanos, presidente en Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar; Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico; Ana María Soleibe, presidencia de la Federación Médica Colombiana (FMC); y Vicente Calvo, analista financiero, de que están identificados y que se sabe dónde viven, así como el hecho de que tengan escoltas no será impedimento para llevar a cabo sus amenazas.
La carta finaliza con una promesa de muerte y una imagen de una tumba con una cruz. Ante esta situación, el congresista Mondragón expresó su preocupación por la gravedad de las amenazas recibidas, destacando la importancia de continuar con la defensa de la reforma a pesar de los riesgos personales involucrados.
Esto provocó indignación en las redes sociales, especialmente entre algunos ciudadanos que no respaldan ni al legislador ni a la reforma, pero que señalaron que estas acciones no eran congruentes con los principios democráticos. En consecuencia, muchos usuarios expresaron su respaldo no solo a los legisladores, sino también a los expertos en salud que respaldaron de alguna manera la promoción de la iniciativa del Gobierno.
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