Reducción del salario de los congresistas es inconstitucional, aseguró el Gobierno: esta es la razón

El proyecto de ley no superó su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes

Congresistas aseguraron que la razón de votar de forma negativa se debe a que la iniciativa es inconstitucional - crédito @CámaraColombia/X

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, dio a conocer una evaluación sobre el impacto fiscal que tendría el proyecto de ley que pretendía reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

La iniciativa no fue aprobada en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la cartera, el proyecto de ley presentado por el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, es inconstitucional, debido a que el Gobierno nacional es el único a quien le corresponde presentar una propuesta que pretenda modificar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, empleados públicos y de la Fuerza Pública, como lo establece los artículos 150-19, y 154 de la Constitución.

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El Ministerio de Hacienda enfatizó que deben contar con el aval fiscal y presupuestal. Asimismo, la cartera de Hacienda afirmó que no hay claridad sobre la inversión social que se obtendría con dicho ahorro, que serían más de 61.000 millones de pesos.

El Ministerio de Hacienda enfatizó que deben contar con el aval fiscal y presupuestal - crédito Colprensa

“Aunque la iniciativa consagra en términos de “autorícese” la destinación de un porcentaje del que generaría la reducción de los salarios de los congresistas, la medida podría correr un riesgo de inconstitucionalidad, al no cumplir, de manera estricta, la destinación del ahorro a un gasto público social”, precisó el Ministerio en su estudio.

Bajo este argumento, la representante Piedad Correal tomó la decisión de no votar a favor del proyecto de ley. “En esa discusión pedí el concepto del Gobierno en ese sentido y ese documento está desde marzo de 2024 donde dice que no respalda el proyecto por ser inconstitucional”, manifestó la legisladora.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo manifestó su decepción y atribuyó el hundimiento del proyecto a la “negligencia del Gobierno”, por lo que criticó la falta de respaldo por parte de quienes en su momento prometieron apoyar la propuesta.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con el Ministerio de Hacienda en mayo de 2024 publicó el decreto con el cual se reajustó el salario mensual que reciben los congresistas en Colombia.

En el decreto, el Gobierno nacional estableció que la asignación salarial de los congresistas tendrá un incremento del 10.88%, con lo que los parlamentarios pasarán a ganar más de 47 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente cuatro millones de pesos más que el año anterior.

Gobierno aumentó el salario de los congresistas - crédito Departamento Administrativo de la Función Pública

“A partir del 10 de enero de 2024, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en diez puntos ochenta y ocho por ciento (10.88%)”, se lee en un apartado del documento.

En lo que respecta a los demás empleados del Congreso de la República, la W Radio conoció que estos recibieron un ajuste salarial, el cual se efectuó tras la emisión de un nuevo decreto. Dicho aumento, es implementado de acuerdo a escalas de asignación, las cuales variaron en función de los cargos que cada empleado desempeñe.

Respecto a la certificación del reajuste salarial de los congresistas, el decreto dejó en claro que “las oficinas de pagaduría de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República, expedirán la certificación detallada de los emolumentos que en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”.

Actualmente los legisladores ganan 48 millones de pesos mensuales, pero con el proyecto pretendía reducir a 29 millones de pesos, es decir, tendrían una reducción de 33 salarios mínimos legales vigentes (Smlv) a 25 Smlv. La medida según sus defensores, buscaba promover la equidad económica y la austeridad en el sector público.

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