Otro posible caso de corrupción en la Guajira en el Gobierno Petro: familias wayuu siguen esperando paneles solares

La esperada llegada de energía eléctrica a las casas de 1.323 indígenas wayuu del municipio de Uribia en La Guajira tuvo otra decepción el pasado 15 de diciembre de 2023, fecha prometida para que las comunidades tuvieron por primera vez en la historia acceso a energía eléctrica, pero que, a pesar de las promesas, los ansiados paneles solares no llegaron.

Así quedó demostrado en una investigación adelantada por el medio independiente Vorágine, después de que revelara el contrato adjudicado el 7 de septiembre de 2023 por el Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, que tenía como objetivo proveer energía solar a 935 familias wayuu.

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Este acuerdo, que ya ha sido extendido dos veces y ha recibido dos incrementos presupuestales, tiene un valor de 43.154 millones de pesos y acumula 13 modificaciones y 169 días de retraso. De hecho, hasta diciembre del año pasado, los equipos en la zona solo habían logrado acceso efectivo a 34 de las 51 comunidades inicialmente georreferenciadas como beneficiarias.

Esta diferencia en los números fue atribuida a la incongruencia entre los usuarios registrados en terreno y los datos en los diseños oficiales. Según informó el medio, a hoy solo se observan avances en una comunidad del corregimiento de Jojoncito, un apartado lugar de Uribia, y corresponde a unas excavaciones y la formación de cimientos para la instalación de los paneles, pero no hay rastro de los paneles por ningún lado.

El millonario contrato fue otorgado a dos consorcios: Unión Temporal Guajira Solar, conformada por HG Ingeniería y Construcciones S.A.S., Disico S.A. y Fulgor S.A.S., y Unión Temporal Suntel, integrada por Anditel S.A.S. y Suncolombia S.A.S.. El proyecto prometía proporcionar electricidad a 323 unidades de cuidado infantil y varios colegios, además de los hogares, e incluía planes de bombeo de agua.

Un aspecto notable del contrato es la participación de HG Ingeniería, empresa representada legalmente por Hernán Alberto García Mahecha, vinculada al escándalo de corrupción de Las Marionetas que involucró al fallecido exsenador Mario Castaño. Sin embargo, Luis Felipe García, director de HG, declaró que la Fiscalía certificó que ni García Mahecha ni la empresa tienen investigaciones pendientes por este caso.

En todo caso, alrededor de la licitación millonaria todavía existen incongruencias que tienen a las comunidades de La Guajira sin energía. En junio de 2023, el entonces director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse) Javier Campillo explicó el proceso de licitación.

Ipse, bajo el Ministerio de Minas y Energía, fue responsable de los pliegos y la adjudicación del proyecto. Campillo, ahora viceministro de Energía, justificó la selección de Uribia debido a que allí la cobertura de servicio de energía es inferior al 60%.

“La validación y aprobación de las condiciones de la estructuración de cada proceso en el Ipse, según los estatutos de ese momento, fue realizada por el comité de contratación del Ipse, conformado por el director de planeación, el director financiero, jefe de la oficina jurídica y Jefe de Control Interno”, respondió Campillo a Vorágine.

Sin embargo, durante el proceso licitatorio se destacó la función de Juan Mauricio Montealegre y Lisbeth Villa Carpio, funcionarios del Ipse cuyas actuaciones previas en el Departamento para la Prosperidad Social están siendo investigadas por su relación con Las Marionetas.

Villa Carpio, que trabajó como subdirectora de Contratos y Seguimiento, firmó varias modificaciones al contrato de los paneles solares días antes de su salida de Ipse en enero de este año. En ese contexto, el secretario de Transparencia del gobierno Petro, Andrés Idárraga, alertó también sobre la presencia de Montealegre en medios de comunicación debido a su supuesta implicación en el escándalo de corrupción, solicitando a distintas entidades y a la Fiscalía que informaran el estado actual de las investigaciones.

En uno de los aspectos técnicos del contrato, se estableció que los oferentes debían tener experiencia en tres de seis servicios profesionales específicos en energías renovables, coincidiendo todos con HG Ingeniería y su socio Disico. Además, las especificaciones del pliego para el cargo de director de proyectos parecían alinearse perfectamente con el perfil de Hernán Alberto García Mahecha y John Jairo Betancourt, ambos con posgrados pertinentes.

Luis Felipe García, en conversación con Vorágine, defendió a HG y apuntó que la empresa ha estado contratando con Ipse desde 2019 en cuatro distintos proyectos, una situación que comenzó a aparecer durante la administración de contratos de Dispac, empresa aparentemente controlada por el fallecido exsenador Mario Castaño.

En cuanto a los retrasos en la ejecución, los informes destacan situaciones problemáticas en las comunidades debido a la incorrecta localización de beneficiarios y conflictos territoriales. “Uno los visita hoy y mañana no están”, justificó García Galeano, mencionando también las dificultades en la adquisición y ensamblaje de equipos.

“Se presenta alerta por retraso significativo en el cronograma de actividades, debido a demoras en la compra de suministros y por la incertidumbre en los diseños de envolventes y cimentaciones, las cuales debieron ser revisados nuevamente”, se lee en un documento de la interventoría obtenido por el medio independiente.

Lisbeth Villa Carpio, por su parte, indicó que conoció a Juan Mauricio Montealegre durante su tiempo en Findeter y relató sus roles supervisores en el proceso de contratación de los paneles solares. “Él se desempeñaba como coordinador de proyectos en la gerencia de infraestructura y yo como coordinadora de proyectos en la gerencia de aguas y saneamiento básico”, señaló. Sin embargo, no entregó detalles de las modificaciones al contrato que llevó a cabo a finales de 2023, incluyendo prórrogas y reajustes presupuestales.

Entre los cambios, Villa aprobó adiciones por 557 millones de pesos para la compra de implementos, además de prórrogas por más de seis meses, pues se pactó que las obras ahora serán entregadas en julio de 2024. Sin embargo, la empresa HG aseguró a Vorágine que el avance supera el 50%, a pesar de registros fotográficos obtenidos por el medio de los mínimos resultados que se observan en la zona.

Entretanto, hasta el momento se tiene respuesta del Ministerio de Minas y energías por los retrasos, al tiempo que tampoco existen registros de posibles investigaciones por el proyecto energético que ya supera los 44.000 millones de pesos, sin pronósticos favorables para su culminación.