Colombia es el país latinoamericano más violento para activistas y lideres sociales, aseguró ONG internacional

Al menos trescientos defensores de derechos humanos fueron asesinados en 28 países en el año 2023, según un informe publicado por la ONG Front Line Defenders. Casi la mitad de estos homicidios ocurrieron en Colombia, donde se registraron 142 casos.

El informe destaca que el 79% de los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurrieron en América. México, Brasil y Honduras también presentaron altas cifras de homicidios, con 30, 24 y 19 casos, respectivamente. Los grupos más perseguidos fueron aquellos que defienden los derechos de las personas Lgtbiq+ y de las mujeres.

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A pesar de que Colombia tiene el mayor número de homicidios, la ONG manifiesta preocupación por la situación en Honduras, donde se reportaron 14 asesinatos de defensores en 2023, según información publicada por El Tiempo. En México, las desapariciones forzadas siguen siendo una amenaza constante, afectando principalmente a indígenas y defensores del medio ambiente y la tierra, como indica Forbes.

En territorios en conflicto, como Palestina, Sudán y la República Democrática del Congo, las cifras de asesinatos registradas son bajas. Sin embargo, Front Line Defenders advierte que “es probable que ocurrieran más asesinatos no documentados debido al desmantelamiento de grupos de derechos humanos locales, amenazas de muerte o vigilancia en muchos países y regiones de Asia, África y Oriente Medio”.

El documento también subraya que 49 mujeres y 14 miembros de la comunidad Lgtbiq+ fueron asesinados. La población indígena fue la más perseguida, con 92 homicidios en países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Nicaragua, Paraguay, Perú y Filipinas. Además, 64 defensores del medio ambiente fueron asesinados durante el 2023.

En América, los defensores más perseguidos continúan siendo aquellos que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. El informe menciona que los proyectos energéticos, frecuentemente apoyados por inversiones del norte global, perpetúan modelos extractivistas y reproducen dinámicas violentas en comunidades locales.

En México, las desapariciones forzadas se mantienen como un riesgo constante para los defensores, con más de 113,000 desapariciones, afectando especialmente a indígenas y a quienes protegen el medio ambiente y la tierra.

El informe también menciona casos como el de Samer Abu Daqqa, periodista asesinado en diciembre durante un ataque aéreo israelí, en lo que la organización describe como “un esfuerzo concertado del Ejército israelí para silenciar los reportes sobre la escala de devastación”.

Finalmente, otro mecanismo de intimidación señalada en el informe es la persecución y amenaza a las familias de los defensores. En el último año, 21 familiares de defensores, incluidos menores, fueron asesinados en Afganistán, Colombia, Honduras, Sudán y Filipinas.

Los últimos dos años del proceso de paz en Colombia han generado esperanza de poner fin a décadas de conflicto. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno y las Farc no han mejorado significativamente la seguridad de los defensores de derechos humanos (DDH), según reportes recientes, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de asesinatos de DDH en el mundo. En 2015, la ONU destacó un aumento alarmante en el número de activistas asesinados, con 69 muertes reportadas entre enero y agosto, en comparación con 35 en el mismo período de 2014.

Los DDH en Colombia operan en un entorno extremadamente violento e inseguro. Estos individuos enfrentan amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, torturas, asesinatos, allanamientos ilegales y estigmatización como consecuencia de su trabajo en favor de los derechos humanos. Como informó Infobae, muchos de los perpetradores de estos abusos son grupos paramilitares, algunos con vínculos con el gobierno o los servicios de seguridad, así como con grupos armados de oposición, lo que contradice las afirmaciones de la desmovilización paramilitar.

Entre los DDH en riesgo se encuentran una diversidad de actores sociales: sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, activistas en temas de desplazamiento y derecho a la tierra, defensores de los derechos de la mujer, periodistas, abogados, estudiantes, jóvenes activistas, trabajadores religiosos y personas que trabajan con la comunidad LGBTI y pacientes con VIH. La situación de violencia y abusos generalizados