Defensor del Pueblo alertó por mayor riesgo de desplazamiento forzado en Colombia

Durante la celebración de los 20 años de la Sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional al constatar la grave, masiva y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las personas desplazadas, así como la insuficiente capacidad institucional y presupuestal del Estado colombiano para atender a dicha población; la Defensoría del Pueblo alertó por el panorama de violencia que vive el país y que ha causado preocupación en los últimos meses.

El espacio lo abrió el presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, resaltando que resaltó que “el desplazamiento forzado es una realidad atroz que afecta al país y que no puede ignorarse. Es uno más de los terribles eslabones de violencia que han atado a Colombia con una férrea cadena, como el secuestro y el reclutamiento de niños y niñas”.

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Para Reyes Cuartas, el desplazamiento forzado “son dos palabras, pero en ellas converge la ruina y el dolor de las personas. Genera una afectación de derechos humanos que ha sido calificada por la Comisión de la Verdad como la más generalizada del conflicto armado”.

A raíz del número de casos de desplazamiento en Colombia, a través de su histórico fallo, el alto tribunal ordenó una serie de transformaciones estructurales para la atención y garantía de derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en el país.

Sin embargo, en su intervención, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que grupos armados ilegales que hacen presencia en todo el territorio nacional, están “reactivando” el fenómeno del desplazamiento forzado. “La realidad nos muestra que todavía hay miles de colombianos que viven en situación de desplazamiento, enfrentando diariamente desafíos y violaciones a sus derechos”, dijo el funcionario.

Seguido, indicó que el panorama que enfrenta Colombia por este flagelo: “Desde el 1 de enero a la fecha hemos registrado más de 35 eventos desde desplazamiento masivo que afectan a más de 11.780 personas y registramos 73 eventos de riesgo de desplazamiento, lo que representa efectivamente un aumento frente a los 43 eventos de riesgo que se registraron en la misma época en el año pasado”, dijo Camargo Assis.

Recalcó que el desplazamiento no cesa porque el conflicto armado no ha parado. Por el contrario, según el defensor, continúa la lucha de los grupos armados ilegales por el control territorial: “Aprovecharon el cese al fuego bilateral para consolidarse, para expandirse, generando graves afectaciones a la población, especialmente desplazamientos y confinamientos en el Pacífico colombiano”, subrayó.

Para prevenir el desplazamiento, Camargo Assis fue enfático en la necesidad de abordar las causas generadoras y estructurales que lo generan, como lo son la violencia, la pobreza, la inequidad y la falta de acceso a la tierra.

“Debemos garantizar que las políticas públicas sean responsables, que no se tomen decisiones apresuradas y que afecten la seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, se aborden políticas intuitivas, participativas y sensibles a los derechos de las personas desplazadas”, puntualizó.

En el evento, se escucharon voces de las víctimas y a partir de ello, se abrió una discusión extensa sobre el desplazamiento, sus retos, y soluciones; ampliando la conversación a otras formas de desplazamiento forzado en Colombia.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2023, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento. En el país hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza: “Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar”, explicó el defensor del Pueblo.