Magistrados del CNE que pidieron investigar la campaña de Gustavo Petro fueron denunciados ante la Fiscalía

Una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo escrutinio a los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que radicaron la ponencia de investigación a la campaña Petro Presidente en 2022. Se trata de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, a quienes se les acusa de prevaricato

El abogado Elmer Montaña fue la persona que presentó la denuncia, según el documento conocido por El Espectador; allí argumenta que el CNE no tiene facultad para formular cargos contra el Presidente de la República. El abogado indica que esta prerrogativa recae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según lo establecido en la Constitución Política.

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“Aunque el CNE es el órgano competente para investigar la financiación de las campañas presidenciales, también lo es que no está facultado para acusar o formular cargos en contra del Presidente de la República”, dice el texto de la denuncia.

El prevaricato es un delito consignado en el artículo 413 del Código Penal colombiano e indica que todo servidor público que emita una decisión claramente contraria a la ley puede ser condenado a prisión por un tiempo de entre 4 y 12 años, además de tener que pagar una multa de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por mínimo 80 meses.

La denuncia de Montaña se basa en declaraciones del magistrado Prada en contra del presidente Petro, que, según el abogado, estarían influenciadas por intereses políticos opositores al Gobierno. Como parte de la evidencia, el documento presentado ante la Fiscalía también incluye publicaciones en X de Prada contra Petro antes de que fuera nombrado como magistrado del CNE.

Hay que mencionar que Álvaro Hernán Prada es miembro del partido de oposición Centro Democrático y muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, la Corte Suprema de Justicia lo acusó el 2022 por haber sobornado a Caliche con el fin de que este convenciera al testigo clave Juan Guillermo Monsalve de que se retractara sobre sus afirmaciones en las que vinculaba a Uribe Vélez con el grupo paramilitar de las AUC.

Justamente, el miércoles 15 de mayo tendrá que presentarse a Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y responder sobre su actuación en este caso.

El abogado Miguel Ángel del Río recordó algunas de las publicaciones en las que Prada atacaba al actual presidente Petro, antes de ser magistrado. Una de ellas, con fecha de 2018, muestra que Prada afirmaba que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe se trata de una conspiración de las Farc y políticos que respaldan a Gustavo Petro, pactada desde la creación del Acuerdo de Paz de 2016, que nada tiene que ver con el caso Uribe.

En otro de sus comentarios, el ahora magistrado del CNE criticó la decisión del Consejo de Estado que resolvió anular la destitución de Petro como alcalde de Bogotá, que le había impuesto la Procuraduría a cargo de Ordoñez para entonces. Con fecha del 15 de noviembre de 2017 el mensaje dice: “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta”.

El abogado de Gustavo Petro, Mauricio Pava, expresó a los medios que el CNE había cometido un error al investigar al Presidente, argumentando que esta tarea correspondía a la Cámara de Representantes, tal como lo hizo la Corte Suprema con denuncias previas cuando Petro era senador. Esto coincide con lo que argumenta la denuncia de su colega Elmer Montaña.

Sin embargo, según explicó a Infobae Colombia Martha Sáchica, exsecretaria general de la Corte Constitucional, aunque el CNE no tiene la facultad directa de sancionar al presidente, sí puede investigar las irregularidades en todas las campañas electorales.

La exmagistrada señaló que el CNE investiga el incumplimiento de las normas sobre financiación de campañas políticas, lo cual que hace parte de su competencia constitucional.

Por lo tanto, en caso de que se descubra alguna irregularidad en el CNE, “responde el representante legal del partido o movimiento político, el tesorero o quien manejó los recursos de la campaña, que es quien informó al CNE de la contabilidad”, explicó la exmagistrada. Así las cosas, la investigación no se dirige directamente al presidente, como se ha interpretado, sino a su campaña electoral y a aquellos que manejaron sus fondos.

Según conoció Noticias Uno, es posible que en la próxima reunión del CNE no aborden directamente la propuesta de Prada y Ortiz, ya que primero deberán resolver los posibles conflictos de interés.