En un giro reciente dentro del escándalo de presunto soborno que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) en Colombia, Olmedo López, exdirector de esta entidad, ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
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Esta petición surge después de que se revelaran investigaciones hacia un presunto soborno valorado en 7.200 millones de pesos en un negocio relacionado con carrotanques, vinculando a la empresa Impoamericana Roger SAS.
Según el diario El Tiempo, esta información ha llevado a López a buscar la protección internacional para él y su familia, ante lo que considera exposiciones y acusaciones malintencionadas.
José Moreno, apoderado de López, declaró desde Estados Unidos que, “en vista de las declaraciones que se han suscitado en diferentes medios de comunicaciones por parte de uno de los investigados, en donde ha manifestado abiertamente que dirá la verdad, la defensa del señor Olmedo López, debe manifestar a la opinión pública que nos hemos reunido con nuestros aliados en Estados Unidos para analizar las acciones legales pertinentes que radicaremos ante la comunidad internacional, entre ellas una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se garantice la presunción de inocencia y el ejercicio del derecho de defensa en los procesos que se adelantan en contra de mi defendido”.
Esta acción se da en el contexto de unas declaraciones hechas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de la Ungrd, quien expresó su intención de cooperar con la Fiscalía a través de un principio de oportunidad, mencionando a personas aforadas y prometiendo ofrecer información relevante.
Moreno enfatizó la posición de López frente a las acusaciones, señalando que “mi defendido desea defenderse en juicio, ya que considera que sus acciones estuvieron en el marco de la legalidad, de acuerdo con el manual de contratación”. Estas declaraciones resaltan el interés de López por asegurar un proceso justo y transparente, negando cualquier participación en un principio de oportunidad con la Fiscalía, como se había especulado erróneamente en algunos medios de comunicación.
El contexto de esta solicitud de medidas cautelares se da dentro de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad y la justicia para aquellos involucrados en investigaciones de corrupción en Colombia. La presión pública y mediática ha escalado, especialmente después de conocerse los detalles del presunto soborno y la implicación de figuras relevantes dentro del esquema de gestión de riesgos de desastres del país.
La acción emprendida por José Moreno en nombre de Olmedo López ante la Cidh subraya la búsqueda de un mecanismo de salvaguarda internacional ante lo que consideran un clima adverso y potencialmente riesgoso para el ejercicio pleno de los derechos humanos y legales. Este hecho no sólo pone en relieve la situación particular de López y su familia, también plantea preguntas más amplias sobre el estado de la justicia y la protección de los derechos fundamentales en procesos de alto perfil en Colombia.
En estos momentos, se espera que la Cidh evalúe la solicitud presentada, lo que podría significar un precedente en cómo las instancias internacionales pueden ofrecer un refugio legal y humano ante situaciones de riesgo y controversia jurídica en América Latina. Mientras tanto, la Fiscalía colombiana continúa con sus investigaciones en el caso del soborno relacionado con los carrotanques, y la opinión pública permanece atenta a las futuras revelaciones y al curso de la justicia en este emblemático caso.
El principio de oportunidad de Pinilla
Sneyder Pinilla, exfuncionario clave en el caso de la compra irregular de más de 40 carrotanques para suministrar agua potable a La Guajira, solicitó un principio de oportunidad con la Fiscalía. A través de su abogado, Luis Gustavo Moreno, quien previamente fue condenado por corrupción, Pinilla se compromete a contar detalles del escándalo de corrupción que lo llevó a él y al exdirector de la entidad, Olmedo López, a renunciar a sus cargos. Este acercamiento con la justicia es relevante, ya que Pinilla se ofrece a “prender el ventilador” y proporcionar información nueva y relevante para esclarecer uno de los mayores hechos de corrupción en el actual gobierno. El principio de oportunidad podría otorgarle beneficios jurídicos a cambio de su colaboración como testigo en contra de otros implicados.