El Consejo de Estado ha dado curso a una demanda que cuestiona la legalidad de la designación de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación.
La acción jurídica, interpuesta por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, sostiene que la elección se realizó bajo circunstancias que podrían comprometer su validez legal, particularmente por presuntas irregularidades en el proceso de elección, por las que se redujeron a dos candidatas las posibilidades sobre las cuales tomó la determinación la Corte Suprema de Justicia.
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La controversia de la elección ya había tenido resonancia a mediados del mes marzo, cuando otros dos demandantes -Jhon William Castro y Sthefanny Feney Gallo- presentaron su recurso judicial por los conceptos de vulneración al debido proceso y a la igualdad de género.
No obstante, la demanda ahora recibida en el Consejo, se centra en la renuncia de la integrante de la terna, Amelia Pérez, quien era una de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro, justo antes de la votación definitiva en la que Camargo fue seleccionada.
Las razones de la demanda
Según Ortiz Mancipe, la dimisión de Pérez invalidaba la posibilidad de proceder con la elección dado que la Corte Suprema debía elegir al fiscal General a partir de una terna completa. La ausencia de uno de los candidatos, argumenta, debería haber llevado a un aplazamiento y a una solicitud al presidente para reformular la terna.
Detalles de la acción jurídica publicados por Cambio indicaron que “la Corte debía elegir a la fiscal General de la Nación de una «terna» y, para el momento de la votación y nombramiento de la doctora Luz Adriana Camargo,, ya no había una «terna», puesto que solo había dos candidatas”.
De tal manera, “la renuncia de Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal en la Corte y lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que recomponga la terna. El presidente podía en este escenario incluir un nuevo candidato, o cambiar la terna por completo”.
Ortiz Mancipe también argumentó en el documento que hubo un manejo inadecuado en el proceso de selección, a partir de lo cual señaló a la Sala Plena de aparente desviación de poder por supuestamente aplicar sesgos y prejuicios contra las candidatas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.
Este comportamiento, según la demanda, denotaría “costumbres clientelistas que les quitan independencia a los candidatos, convirtiéndolos en vasallos”, como se leyó en el recurso, cuyos pormenores fueron citados por el medio.
La magistratura, a cargo de Luis Alberto Álvarez Parra, ha admitido la demanda y procedido a notificar a las partes involucradas, incluyendo a la propia Camargo, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la República y la Procuraduría General, quienes deberán presentar su posición respecto a los hechos planteados en la demanda.
La anterior demanda
El 15 de marzo del año en curso el Consejo de Estado debió estudiar una denuncia que incluía, del mismo modo, dos presuntas irregularidades.
En primer término, el documento afirmó que “la terna estaba desintegrada, y se desintegró por la renuncia que presentó la doctora Pérez y que esa renuncia fue notoria. Se la entregó al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a los medios de comunicación y que la Constitución dice que la elección debe ser sobre tres y no sobre dos”, según se publicó también en el portal financiero Valora Analitik.
El otro argumento fue el de la presunta discriminación de género acuñada al mandatario colombiano, por el hecho de solo incluir mujeres en la terna que le presentó a la Corte.