En una resolución que marca un precedente en la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha decidido no asumir el caso del excomandante de las Farc, Rodrigo Granda, implicado en el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Según La W, la resolución excluye este caso del ámbito de la JEP lo cual pone en juego el futuro legal de Granda en Colombia.
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La Sección de Reconocimiento de la JEP, con una mayoría de 4-1, determinó que el asesinato de Cubas, aunque perpetrado antes de 2016 y por un miembro de las Farc, no guarda relación con el conflicto armado en Colombia. La colaboración de Granda con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según la Sección, no constituye un vínculo material con el conflicto interno colombiano.
La decisión enfatiza que la administración de justicia por parte de la JEP en un crimen cometido en Paraguay infringiría el principio de soberanía judicial del país suramericano. “La mera colaboración con el EPP no estructura relación alguna con el conflicto armado colombiano”, señala el documento.
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Además, la Sección de Reconocimiento respetó el principio de territorialidad de la ley penal, concluyendo que la ley colombiana se aplica exclusivamente a delitos cometidos dentro de su territorio nacional. La JEP reconoció la autonomía de Paraguay en la investigación del secuestro y asesinato de Cubas, subrayando que no se debe desconocer las facultades investigativas legítimamente ejercidas por las autoridades paraguayas.
Con esta decisión, la JEP reafirma la inexistencia de prevalencia jurisdiccional frente a la justicia paraguaya. La situación de Granda se complica aún más ante la posibilidad de extradición, debido a la circular roja de Interpol emitida por Paraguay, dejando su destino en un limbo legal.
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El asesinato de Cubas
El asesinato de Cecilia Cubas, la hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas, fue un evento trágico que conmocionó a Paraguay en 2004.
El 21 de septiembre de 2004, Cecilia Cubas fue secuestrada cuando se dirigía a su hogar en la ciudad de San Lorenzo. Dos vehículos la interceptaron y, tras un intercambio de disparos, fue tomada por los secuestradores. La familia de Cubas recibió una demanda de rescate de 5 millones de dólares. A pesar de que se pagaron 300.000 dólares, los secuestradores no liberaron a Cecilia y exigieron nuevamente la suma inicial.
Cecilia fue mantenida en cautiverio en una casa en el barrio Mbocayaty de Ñemby. La casa fue allanada el 16 de febrero de 2005, y fue allí donde lamentablemente encontraron el cuerpo de Cecilia.
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Autoridades forenses de Paraguay informaron que el análisis al cuerpo de Cubas reveló que fue sometida a tortura, dopamiento y fue depositada en la fosa cuando aún se encontraba con vida.
El grupo detrás del secuestro y asesinato fue identificado como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), asesorado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De hecho, Rodrigo Granda se encuentra implicado en la investigación a raíz de datos descubiertos en el ordenador del difunto comandante de las Farc, Raúl Reyes. Este hallazgo se produjo después del bombardeo que resultó en la muerte de Reyes en la frontera colombo-ecuatoriana, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
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Según reportes del periódico La Nación de aquel entonces, la evidencia encontrada en los dispositivos electrónicos reveló que Osmar Martínez, cofundador del Partido Patria Libre de Paraguay, junto con Juan Arrom y Anuncio Martí, se desplazaron a Venezuela para encuentros con Granda y otros integrantes de las Farc. Fue en este contexto donde se gestó el plan para el secuestro de Cecilia Cubas, posteriormente asesinada.
Cuando la justicia paraguaya se enteró de la participación de Granda en los diálogos de paz reiteró el pedido de captura en su contra y recordó que el juez Pedro Martínez ordenó su aprehensión por una pena pendiente de 35 años de cárcel.
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