La Policía de Ibagué logró detener y remitir a prisión a un individuo acusado de perpetrar robos utilizando una motocicleta y armas de fuego en la ciudad de Ibagué, capital del Tolima. Según informaron las autoridades, el vehículo utilizado pertenecía al padre del delincuente. Este, al parecer, le prestaba la moto a su hijo sin sospechar el uso delictivo que se le daba.
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Gracias a las labores operativas de la Seccional de Investigación criminal SIJIN de la Policía Metropolitana de Ibagué, se logró capturar a Said Sebastián Hernández, conocido en el mundo del hampa como ‘Say’; este joven de 23 años fue capturado mediante una orden de captura por parte de las autoridades.
Alias Say, quien fue detenido en la zona industrial El Papayo, en la capital tolimense, estaba siendo investigado por un hurto a mano armada que ocurrió en una estación de gasolina. El acto criminal se remonta a noviembre 19 del año pasado. Sobre las 3 de la tarde Hernández junto a otro sujeto habrían llegado al establecimiento comercial intimidando con un arma de fuego a dos personas que se encontraban laborando.
Tras algunos minutos de forcejear lograron hurtar un total de 527.000 pesos y un teléfono celular. Gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento y aledañas se logró establecer en el vehículo que se movilizaban.
Tras el respectivo ejercicio investigativo lograron dar con el paradero de alias Say, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario, así mismo el vehículo fue dejado a disposición de las autoridades. Al parecer el joven le solicitaba la motocicleta a su papá ‘para visitar a la novia’, sin darse cuenta que el verdadero uso del vehículo era delinquir.
En Colombia, cuando un vehículo es incautado durante operativos policiales, su manejo y destino final están sujetos a un proceso legal específico, regulado por la legislación colombiana. Este proceso busca determinar la conexión del vehículo con actividades delictivas y decidir sobre su posterior manejo, ya sea su devolución a legítimos dueños o su decomiso definitivo por el Estado. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:
- Incautación: La policía o cualquier autoridad competente tiene la potestad de incautar vehículos que se presume están siendo utilizados para cometer delitos o que han sido obtenidos como producto de actividades ilícitas.
- Custodia: Una vez incautado, el vehículo es puesto bajo la custodia de entidades designadas por el Estado, que pueden incluir parqueaderos o depósitos vehiculares autorizados, mientras se adelanta el proceso legal pertinente.
- Proceso Legal: Se inicia un proceso legal para determinar la legalidad de la incautación, la vinculación del vehículo con actividades criminales y la situación jurídica del mismo. Este proceso puede involucrar audiencias preliminares, recolección de pruebas, y la participación de fiscales, jueces y abogados defensores.
- Decomiso o devolución: Dependiendo de las evidencias presentadas y los hallazgos del proceso, el vehículo puede ser objeto de decomiso a favor del Estado o ser devuelto a sus legítimos dueños. En casos donde se confirma que el vehículo fue utilizado para actividades delictivas o fue adquirido a través de ellas, puede ser decomisado de manera permanente.
- Destino final del vehículo incautado: Los vehículos decomisados pueden ser utilizados por entidades estatales para funciones oficiales o bien, ser subastados o destruidos, dependiendo de su estado y las disposiciones legales aplicables. Los fondos obtenidos de estas subastas suelen ser destinados a financiar actividades de lucha contra el crimen o programas sociales.
Es importante señalar que el proceso legal busca garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, permitiendo a los propietarios o poseedores de los vehículos incautados la oportunidad de demostrar la legalidad de su propiedad y el uso lícito de los mismos.