El movimiento Prisioneros del Estallido Social en Colombia inicia huelga de hambre contra el Gobierno Petro

El movimiento Prisioneros Políticos del Estallido Social, compuesto por aproximadamente 1.400 individuos detenidos durante el paro nacional de 2021 en Colombia, anunció recientemente el comienzo de una huelga de hambre a partir del lunes 1 de abril.

Esta acción surge como expresión de descontento hacia el manejo de sus casos por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que, según el colectivo, no ha cumplido con las promesas de liberación hechas durante su campaña electoral de 2022. Los participantes de la huelga se abstendrán de ingerir alimentos en protesta por lo que consideran un acto de negligencia y falta de garantías en el proceso de diálogo establecido con el Ejecutivo.

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La decisión de iniciar esta acción sigue a múltiples intentos de diálogo con el Gobierno que, según el movimiento, incluyeron varios meses de conversaciones, dos mesas dialógicas, siete mesas técnicas presenciales y cuatro mesas técnicas virtuales, por lo que exigieron “respeto y garantías”.

Asimismo, los miembros de esa colectividad critican lo que perciben como un abandono de los compromisos del presidente Petro, destacando la contradicción entre las promesas de campaña y la situación actual que, según ese movimiento, incluía dejar en libertad a los presos que participaron en la violenta protesta social.

Además, resaltan que se han visto obligados a recurrir a medidas extremas como las huelgas de hambre para llamar la atención sobre su situación, que describen como deplorable. “No entendemos cómo lo que llaman ‘prioridad’ lo dejan como tema relegado y caballito publicitario cuando se necesita. No entendemos que para poder entrar en un diálogo (que ahora dejan abandonado) hayamos tenido que pasar por tres huelgas de hambre en nuestras ya condiciones indignas y deplorables a los que nos vemos sometidos y sometidas”, se lee en el comunicado emitido.

Además del reclamo por el incumplimiento de las promesas de liberación, las demandas del movimiento incluyen el establecimiento de reuniones que permitan explorar alternativas jurídicas para su liberación y la reparación de las violencias estatales acontecidas durante el paro nacional. Asimismo, buscan dialogar sobre la necesidad de superar la criminalización de la protesta social en el país, tema que estaba siendo discutido con la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

La cuarta huelga de hambre en cuestión también hace énfasis en varias problemáticas señaladas por los detenidos, como los encarcelamientos sin juicios “justos”, la persistencia del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la impunidad ante acciones violentas por parte de individuos identificados como “paramilitares” contra los manifestantes. El movimiento hizo referencia específica al caso del concejal de Cali, Andrés Escobar, acusado de disparar contra manifestantes, como ejemplo de los agravios que motivan su protesta.

El 27 de junio de 2021, Cristian Camilo Vélez Martínez, un ingeniero civil de 27 años, murió violentamente tras colisionar con su motocicleta contra una cuerda metálica ubicada supuestamente por manifestantes en Bogotá durante el paro nacional.

El incidente ocurrió en una calle cercana al Portal Américas. A pesar de que han pasado casi tres años desde el suceso, la justicia para él y su familia aún parece estar lejos. La Fiscalía tomó el caso dada la naturaleza violenta de la muerte del joven, pero hasta la fecha no se ha emitido una orden de captura contra los presuntos responsables, a pesar de que fueron identificados poco después del incidente.

Las cámaras de seguridad en la zona captaron a dos individuos montando el cable de un lado a otro de la vía momentos antes del accidente. Según informó la familia del fallecido, aunque las autoridades identificaron rápidamente a los sospechosos, la investigación no ha resultado en la emisión de órdenes de captura ni ha avanzado significativamente desde entonces.