El primogénito del presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que se encuentra en peligro, luego de que en la noche del domingo 3 de marzo, en el informativo de televisión Noticias Caracol, revelaran una investigación en la que es señalado de haber intentado legalizar el dinero que supuestamente captó de cuestionados personajes de la Costa Caribe para la campaña de su padre en 2022, a través de una empresa de seguridad con aparentes nexos criminales.
Según un testigo, cuya identidad fue protegida en el mencionado proceso, se trata de la empresa Lost Prevention, donde figura como representante legal Lilian Rodríguez y de la que la Fiscalía sospecha que se valió Nicolás Petro Burgos para intentar ‘lavar el dinero’ que presuntamente recibió de Samuel Santander Lopesierra, el ‘Hombre Marlboro’, y del hijo del controversial ‘Turco Hilsaca’.
“La relación que existe entre la empresa, esa señora y (el hijo del presidente) con la investigación es que a través de esa empresa están creando documentos falsos, letras y registros y todo lo que se pueda para que (él) pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió. Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas”, aseguró esa fuente de la investigación.
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Esa persona añadió que por ese aparente respaldo, les prometieron facilitar procesos de contratación con el Estado.
Para agravar el tema, en Noticias Caracol establecieron que Lost Prevention tendría un supuesto nexo con el clan Vega Daza que se sindica de protagonizar una guerra mafiosa en los últimos dos años en Barranquilla (Atlántico) y que habría llegado a su fin la semana pasada con el homicidio del último de sus integrantes, Rodrigo Vega Daza, quien fue ultimado en Valencia (España) en un múltiple crimen.
Este último se habría salvado de dos atentados previos en Colombia, ya que poseía armas que les proporcionaban desde esa empresa. Incluso encontraron que cuatro miembros más de esa familia fueron integrantes de la compañía y poseían armamento de la misma.
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Según el informe, hay suscritos acuerdos por una suma superior a los 8.000 millones de pesos desde 2022, tanto con la Gobernación de La Guajira como con la Alcaldía de Maicao. Pese a que no se reporta una relación de parentesco entre los miembros de la sociedad y el clan, en Noticias Caracol verificaron esos vínculos.
Además, la Fiscalía tiene indicios de que la compañía fue proveedora de material bélico para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, grupo descendiente de las extintas AUC y que están en una guerra a muerte con el Clan del Golfo en La Guajira.
Ante tamaña vinculación, Petro Burgos aseguró que nada de lo que se afirmó en el reportaje era cierto y que por cuenta de este nuevo señalamiento ahora está en un riesgo mayor.
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“Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía(...) Ni siquiera se digno a verificar la información del informante falso. (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
Aseguró que todo era tan inverosímil que ni siquiera el ente acusador lo había podido probar dentro de la investigación que le llevan.
“La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicos de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella (sic)”, sostuvo.
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Finalmente afirmó que fue precisamente por un informante falso que el fiscal Mario Burgos le inició el mencionado proceso penal y ordenaron su captura, en julio del año pasado, que reiteró que se dio de forma ilegal.