Gustavo Petro le pidió al canciller Murillo impulsar el regreso de la oficina de DD.HH de la ONU a Venezuela

Luis Gilberto Murillo, Canciller encargado y Embajador de Colombia en Washington, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro para actuar como intermediario en las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Durante su asistencia a la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Allí Murillo realizó gestiones para propiciar el diálogo entre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y el canciller venezolano, Yvan Gil, según reveló Blu Radio.

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El objetivo de estas mediaciones llevadas a cabo por Murillo era convencer a las autoridades venezolanas de permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país, tras haber sido expulsada aproximadamente dos semanas antes. Este esfuerzo representa un paso significativo hacia la mejora de la situación de los derechos humanos en Venezuela, reflejando el compromiso de Colombia con el fortalecimiento de la democracia y el respeto por los derechos fundamentales en la región.

En una reciente declaración desde Ginebra, el canciller venezolano Yván Gil confirmó un significativo acercamiento, mediado por el canciller interino, con las Naciones Unidas para propiciar el retorno de la oficina de derechos humanos a Venezuela, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre la administración de Maduro y el organismo internacional. En palabras de Gil, “Hemos planteado un proceso de discusión con la oficina del alto comisionado para llevar la cooperación técnica al nivel que corresponde, sin injerencias ni participaciones políticas”.

Según información obtenida por Blu Radio, el gobierno venezolano puso como condición un cambio completo del personal de la misión, dándoles un plazo de 72 horas para abandonar el país. El argumento que uso para sustentarlo es que dicha misión se había desviado de su mandato imparcial, actuando más como un grupo al servicio de sectores opositores a Maduro, catalogándolos de “golpistas y terroristas”. Este requerimiento parece ser el núcleo de las negociaciones para la reanudación de las actividades de la ONU en materia de derechos humanos en territorio venezolano.

“La oficina en Venezuela se había alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias”, señaló el régimen, acusando directamente a la misión de obrar en favor de los intereses políticos contrarios al gobierno. Este tipo de declaraciones resalta la compleja dinámica entre Venezuela y los organismos internacionales, especialmente aquellos enfocados en la vigilancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A pesar de las tensiones pasadas y las serias acusaciones, la disposición mostrada por ambas partes hacia un diálogo constructivo sugiere la posibilidad de reestablecer una presencia activa y efectiva de la ONU en el país. La insistencia de Venezuela en una colaboración “sin injerencias políticas” refleja un intento de manejar la narrativa de los derechos humanos bajo términos que considera justos y equitativos, mientras busca preservar su soberanía frente a lo que percibe como influencias externas indebidas.

Esta evolución de eventos subraya la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de discrepancias internacionales, especialmente en cuestiones tan sensibles como los derechos humanos. Mientras se espera más información sobre los detalles específicos y los acuerdos alcanzados, el anuncio del canciller Yván Gil constituye un paso prometedor hacia la reanudación de una relación constructiva entre Venezuela y la comunidad internacional en esta área crítica.

Esta intervención de Colombia en el contexto venezolano subraya el papel de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos. La designación de Murillo por parte del presidente Petro busca dar muestra de la importancia que Colombia le otorga a la búsqueda de soluciones pacíficas y constructivas en América Latina, especialmente en situaciones que afectan directamente la estabilidad y el bienestar de la población.