Senadora del Pacto Histórico denunció a la procuradora Margarita Cabello por corrupción: “Se gasta más de 2 mil millones en contratos para amigos”

La senadora Esmeralda Hernández interpuso una denuncia el lunes 26 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la procuradora Margarita Cabello, acusándola de prácticas corruptas que involucran la adjudicación de contratos millonarios a allegados sin seguir el debidamente estipulado concurso de méritos.

Las afirmaciones de Hernández destacan el supuesto desvío de más de dos mil millones de pesos en contratos a personas cercanas a Cabello, incluidos su abogada personal, el exprocurador Edgardo Maya y el yerno del también exprocurador Alejandro Ordóñez.

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En la denuncia radicada, la congresista aseguró haber recolectado más de veinte pruebas documentales en el marco de su función de control político. “La Procuraduría dice que no tiene plata para hacer el concurso de méritos, pero se gasta más de 2 mil millones en ‘contratos corbata’ para amigos de la procuradora”, denunció Hernández, poniendo en tela de juicio la gestión de fondos dentro del ente de control.

“He denunciado formalmente a la procuradora Margarita Cabello ante la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General. Más de 20 pruebas documentales y 850 folios que soportan la investigación sobre sus actuaciones descaradas en la Procuraduría”, fueron las palabras de la senadora.

Según Hernández, lo acontecido contradice los procesos establecidos para asegurar la equidad y la competencia justa en la contratación estatal, lesionando no solo la transparencia sino la confianza pública en las instituciones estatales. “Pasando por alto el concurso de méritos”, estas acciones, de comprobarse, representarían una violación a los principios de administración pública que rigen en el país.

Según la denuncia, durante el periodo de Margarita Cabello como cabeza de la entidad encargada, los gastos en tecnología pasaron de un máximo de 5.000 millones de pesos a sorprendentes 48.000 millones de pesos, a través de asignaciones directas a la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT), un contratista previamente envuelto en escándalos similares.

La legisladora ha puesto el foco en las conexiones entre procuradores delegados y clanes políticos conocidos, tales como el de Oneida Pinto, el del difunto senador Mario Castaño, y los Barreto en el departamento del Tolima. Esta red de relaciones levanta sospechas sobre la imparcialidad en el proceso de selección y adjudicación de contratos. Adicionalmente, se destaca la relación de la familia Char con el proceso judicial de Aida Merlano, agregando otra capa de complejidad a las acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias.

“Pasaron de gastarse en el pasado, máximo 5.000 millones en temas de servicios tecnológicos... a entregarle a dedo a la ERT 48.000 millones en el periodo de Margarita Cabello,” enfatizó la senadora, evidenciando un aumento exponencial en los costes que levanta dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso. La ERT, a quien se le adjudicó el contrato de manera directa bajo el argumento de ser el único capacitado para ejecutarlo de forma integral, terminó subcontratando el 90% de la labor asignada. Lo que desde la perspectiva de la legisladora contradice las justificaciones originales y sugiere una posible malversación de fondos públicos.

Las irregularidades no terminan en la inflación de costos y la subcontratación excesiva; la senadora Hernández también denuncia un posible incremento de hasta el 50% en los contratos asignados a la ERT, una práctica que pone en duda la ética y legalidad de estas transacciones. “Se trata de un contratista que ya ha sido protagonista de anteriores escándalos por los mismos temas,” afirmó, refiriéndose a la historia problemática del contratista con el estado.

La preocupación se extiende a la inacción frente a otros casos de corrupción notorios como el escándalo de Odebrecht, la llamada ñeñepolítica, la masacre de El Tandil, y más recientemente, las implicaciones que rodean a la familia Char. La senadora exige una investigación exhaustiva y una revisión de las omisiones en el deber de investigar estos casos, sugiriendo que la corrupción podría estar más arraigada de lo que se percibe a simple vista.

La revelación de estos hechos no solo pone en tela de juicio la integridad de los procesos de contratación pública en Colombia, sino que también pone de manifiesto las complejas redes de influencia y poder que podrían estar interfiriendo en la correcta administración de los recursos del estado.