Para investigar posible extorsión a Álvaro Leyva, Contraloría se tomó las oficinas de la Cancillería

Agentes de la Policía Judicial ingresaron al Palacio San Carlos, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener pruebas de la presunta extorsión de la que habría sido víctimas el suspendido ministro Álvaro Leyva, en medio de la licitación del contrato de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons.

“El día de hoy enviamos funcionarios de la Policía Judicial de la Dirección de Reacción Inmediata (Diari) con el fin de atender la denuncia que se hizo pública a la extorsión al señor canciller con relación al contrato de los pasaportes”, señaló Juan Camilo Zuluaga, director de la Diari.

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La investigación corresponde a la verificación de una presunta extorsión de la que habría sido objeto el ministro Leyva Durán. En enero de este año, el funcionario habría recibido mensajes por parte de una persona que le ofrecía información de un supuesto complot para sacarlo del cargo, a cambio de altas sumas de dinero.

“Lo que hicimos fue desplegar un equipo para que lleguen al lugar de los hechos, tomen las pruebas pertinentes, se van a hacer entrevistas y se va a tomar el material que se considere necesario para avanzar con la investigación”, agregó el director de la Diari sobre las diligencias que adelantaron los investigadores dentro de la sede principal de la Cancillería.

La Contraloría asumió el conocimiento de la investigación con el fin de determinar si se utilizaron o se afectaron dineros públicos, debido a que aparentemente se habría hecho un pago, por instrucciones de inteligencia de la Policía, de 30 millones de pesos al extorsionista.

Posteriormente, la misma persona le habría exigido a Leyva otros 50 millones para no revelar la conversación que sostuvieron. Por esa razón, desde el ente de control se indaga, primero, la veracidad de los hechos, así como si se realizaron pagos y el origen de dichos recursos.

“Se busca así el aseguramiento probatorio con el que pueda actuar en derecho el órgano de control, ya que se menciona el posible uso de dineros públicos con cargo a “Gastos Reservados” y, en caso de ser así, si esto se hizo de acuerdo con lo establecido en la Ley”, informó la entidad.

El hecho se había registrado en un momento clave para el canciller. En enero de este año, luego de que se diera por fallida la conciliación con Thomas Greg & Sons por haber declarado desierta la licitación de pasaportes que ganó la firma y mientras el alto funcionario se enfrentaba a una sanción por la Procuraduría.

Para esos días, como reveló Semana, el ministro recibió un mensaje de chat desde un número de Estados Unidos. El remitente se presentó como Edward Soto y decía haber trabajado por más de 17 años con Camilo Bautista de Thomas, uno de los dueños de la firma que aspiraba a mantener el contrato de pasaportes.

Leyva habría alertado a las autoridades desde los primeros mensajes que recibió, al tiempo que sostuvo por varios días la conversación con el sujeto. En sus mensajes le ofrecía información de su interés respecto a la empresa y a la licitación, pero nunca llegó, incluso después de realizar el pago.

El caso es aún más complejo. El supuesto extorsionista señaló en W Radio que había sido contactado por una persona cercana a Leyva Durán con el objetivo, según dijo, de fabricar los mensajes para fingir la extorsión, pero que no se había acordado que habría denuncias formales ante las autoridades.

“Quiero que sepa que lo del canciller es una autoextorsión. Soy uno de los que fue contratado por una persona cercana a él para fabricar la trama y que el escándalo saliera los medios, pero lo que nos indigna es que nunca nos informó de que iba a poner denuncias, solo que se generaría un escándalo mediático para eso nos contrató y nos pagó un dinero aparte incluso del que supuestamente depositó en la cuenta Bancolombia”, sostuvo.