En medio de un operativo desarrollado por la Policía española fue desarticulada una red de trata de personas y explotación sexual de mujeres en Madrid. Como resultado de la redada policial fueron capturadas 24 personas y fueron liberadas siete colombianas que eran obligadas a ejercer la prostitución y a vender droga.
De acuerdo con las autoridades españolas, las víctimas vivían encerradas y hacinadas en habitaciones de hotel, donde eran obligadas a prestar servicios sexuales las 24 horas y duraron 21 días sin salir del lugar.
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La red de explotación sexual fue desarticulada gracias al trabajo de un año de efectivos de inteligencia, que posaron su atención en el lugar luego de recibir una llamada de una colombiana que dijo ser víctima de trata de personas y que la estaban obligando a ejercer la prostitución.
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En la llamada, la víctima contó que había llegado a territorio ibérico desde Colombia a través de engaños y promesas laborales por parte de una mujer que organizaba vuelos desde su país a España.
Otras cinco víctimas sumaron su testimonio ante las autoridades españolas y revelaron que cuando llegaron a territorio ibérico fueron entregadas a otra mujer que las recluyó en las minúsculas habitaciones, las privó de la libertad y las obligó a prestar servicios sexuales.
Según el relato de las colombianas, tras llegar a los inmuebles donde debían vivir, duraron 21 días sin salir a la calle y tenían que estar disponibles para vender su cuerpo a cualquier hora del día, sin respetar siquiera horarios de sueño o comidas.
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Además fueron sometidas a estrictos controles de sus movimientos y de las personas con las que hablaban. Los explotadores le dijeron a las víctimas que debían prostituirse hasta que solventaran la deuda de los tiquetes de avión y del supuesto hospedaje que les brindaban en Madrid.
Las colombianas convivían en los moteles con otras diez o quince mujeres y todas eran ofertadas en páginas web de prostitución donde clientes con alto poder adquisitivo, según las autoridades, escogían si las víctimas consumían drogas antes de estar con ellos o si debían venderles alucinógenos.
También podían decidir si se desplazaban hasta el edificio donde estaban recluidas las mujeres o si, por el contrario, ellas se desplazaban hasta algún inmueble. Los explotadores obligaban a las mujeres a consumir o vender droga bajo amenazas de hacerles daño físico o expulsarlas de la residencia sin documentación.
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La Policía española detalló que los delincuentes pudieron hacer más de medio millón de euros tras obligar a las mujeres a prostituirse y con la venta de drogas. Los criminales tenían múltiples cuentas donde recibían los depósitos y cambiaban constantemente para evitar ser rastreados por las autoridades.
También invertían en joyas y prensas valiosas el dinero obtenido ilícitamente para que la Policía no se alarmara al ver grandes sumas de dinero en los depósitos bancarios.
En total fueron rastreados siete pisos distribuidos entre las localidades de Canillejas, Getafe, Fuenlabrada y Leganés, donde los explotadores tenían secuestradas a las colombianas y las otras víctimas de su red de explotación sexual.
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Así mismo, fueron rastreados depósitos por 70.000 y 300.000 euros en dos plataformas digitales de pagos que estaban asociadas a los líderes de la red criminal de trata de personas.
Aunque la operación se dio a principios de noviembre, hasta mediados de diciembre la Policía de España dio a conocer los resultados luego de lograr el encarcelamiento provisional para los líderes de la red. Los 24 capturados deberán responder por delitos de trata de personas, prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.