Gobierno de Gustavo Petro planea una nueva reforma tributaria para salvar el sistema de salud

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que entró en vigencia en 2023 y cuyo fin es recaudar dinero para inversión social, tuvo un duro golpe el 16 de noviembre. Esto, debido a que la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 que modificó el artículo 115 del Estatuto Tributario.

Este quitaba la deducibilidad del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por el contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.

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Con esto, las petroleras y mineras del país podrán deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta.

Con dicho tributo se pretendía recaudar cerca de $10 billones de los casi $20 billones totales de la misma, por lo que ahora le tocará al Ministerio de Hacienda hacer una redistribución de los $502,6 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024.

Aunque todavía está la resaca por los nuevos impuestos de esta ley, incluido por el impuesto saludable para alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, el Gobierno Petro ya parece que tiene planeada otra reforma tributaria, cuyos recursos serían para la salud.

Por lo menos, así lo dejó entrever el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ante la crisis que viven las EPS del país. En diálogo con Blu Radio, el funcionario, al ser cuestionado sobre una eventual reforma tributaria para abordar la crisis financiera de estas, no descartó la opción.

De igual forma, anotó que “hoy el aumento que ha tenido que hacer el Presupuesto Nacional para poder sostener el sistema y para sostener a los que tienen trabajo, a los que cotizamos, porque tenemos trabajo, es inmensamente grande”.

La declaración del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se dio luego de pedir el 20 de noviembre a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, con el fin de conocer en detalle de qué manera este operador maneja e invierte los dineros que reciben del Presupuesto General de la Nación, a través de la unidad de pago por capitación (UPC) y los presupuestos máximos.

En una rueda de prensa, el titular de la cartera en salud le solicitó al contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, que, por medio de esta medida, amparada en el Artículo 65 de la Ley 2591 de 2022, haga a la EPS Sanitas una auditoría al pago de los recursos adeudados a sus proveedores, una auditoría forense al flujo de sus recursos y regule la integración vertical de sus negocios en el sector salud.

El ministro Jaramillo explicó que dicha solicitud pretende conocer las reales utilidades que genera Sanitas, el rumbo que toman los dineros públicos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de sus ganancias.

De igual manera, el ministro le solicitó una certificación a la Superintendencia Nacional de Salud para hacer los giros directos de la Adres, debido a que la EPS Sanitas no cumple con el patrimonio adecuado. Con lo anterior, se podría controlar el pago a sus proveedores, clínicas y hospitales.

Las solicitudes hechas por el ministro de Salud a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud tienen que ver con la crisis generada por la cadena de farmacias Cruz Verde, quien anunció en días pasados, que no seguiría prestando el servicio de entrega de medicamentos a los afiliados a Sanitas por la deuda que la EPS ha venido acumulando, entre otras situaciones que están siendo objeto de investigación.

El ministro de Salud reiteró que el actual Gobierno aumentó sustancialmente el presupuesto de la salud en un 25,4% y aumentó la unidad de pago por capitación (UPC) en un 16.23%, con el propósito de atender los gastos en salud, por lo que ninguna EPS puede dejar de prestar sus servicios,