El excandidato a la Alcaldía de Cali y también exministro de Justicia, Wilson Ruiz, interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud, EPS Sanitas, la Adres y la cadena de Farmacias Cruz Verde por medio de la cual busca evitar que haya desabastecimiento de medicamentos e insumos para miles de afiliados que se encuentran adscritos a la EPS mencionada anteriormente.
El abogado tomó esta decisión luego de que saliera a la luz pública un comunicado de prensa por parte de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, quien actúa en calidad de dispensador de medicamentos, tecnologías e insumos de EPS Sanitas, en el que aseguraron que se encuentran enfrentando una crisis financiera debido a la falta de pagos por la prestación de sus servicios.
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“Desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400.000 millones de pesos. Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, se indica en el documento.
En el comunicado se agrega que Cruz Verde “no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica. La cadena de droguerías y farmacias ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios, esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios”.
Así mismo, se reconoce que debido a que no pueden asumir la totalidad de los valores que se adeudan para el posterior pago a los laboratorios fabricantes e importadores, se vienen generando restricciones en la entrega de productos por parte de algunos proveedores. Entre los insumos y medicamentos que se están restringiendo están: pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas.
Debido a esta situación, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, en la acción de tutela, manifestó que esto amenaza que vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social, salud y vida: “Solicito como medida cautelar la adopción de una decisión urgente y eficaz para evitar el desabastecimiento de los insumos y medicamentos; e igualmente, se sirva ordenar a los accionados que en el término de 24 horas se establezca una mesa de diálogo y concertación para adoptar todas las medidas administrativas, financieras y presupuestales necesarias para garantizar la prestación continua, efectiva, oportuna y universal del derecho a la salud”.
Y se añade en la tutela que “el perjuicio es inminente dado que el anuncio de las Droguerías y Farmacias Cruz Verde establece que en aproximadamente 5 días cesará el suministro de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas para los niños y niñas de nuestro país”.
Para Ruíz esta decisión de Cruz Verde “resulta ser un daño grave y de gran intensidad en la medida que afecta el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas de nuestro país, afectando el interés superior y los derechos fundamentales que prevalecen en el orden interno sobre estos, la medida es urgente y la acción es impostergable dado que las autoridades del orden nacional y los intervinientes deben adoptar medidas financieras, administrativas, jurídicas y políticas para superar dicho estado de amenaza y evitar que se genere un perjuicio irremediable a los niños y niñas de Colombia”.
En conclusión, el exministro Ruiz pidió a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior del Distrito Judicial que emita una orden para que los accionados en un término máximo de 24 horas adopten las medidas administrativas, financieras y presupuestales necesarias con el fin de que se garantice la prestación continua, efectiva, oportuna y universal del derecho a la salud para evitar el desabastecimiento de los insumos y medicamentos.
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