Migración ilegal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Procuraduría alertó por crisis humanitaria en el archipiélago

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la grave situación migratoria irregular que persiste en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina, que debido a su ubicación geoestratégica se ha convertido en una opción que las redes criminales utilizan para el tránsito, tráfico y trata de personas, evitando el cruce por el Tapón del Darién y los riesgos que este implica.

Durante la presentación del informe especial y preventivo llamado Situación de Derechos Humanos de la población migrante, la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, señaló que entre 2022 y 2023 han sido rescatados alrededor de 977 migrantes ilegales en altamar, quienes se dirigían hacia Nicaragua y tenían como destino Estados Unidos.

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De acuerdo con el ente de control disciplinario, la población migrante del archipiélago ha sido víctima de robos, trata de personas, violencia sexual, extorsiones, minas antipersona, entre otras violaciones de derechos humanos por parte de mafias que manejan el negocio de transporte migratorio.

Entre las zonas establecidas como “de mayor riesgo” para los migrantes en Colombia están el Tapón del Darién, el paso fronterizo entre Cúcuta y Venezuela, y San Andrés.

El contexto geográfico y turístico del archipiélago es utilizado como factor para la migración irregular a través de “paquetes promocionales”, en embarcaciones que violan condiciones mínimas de seguridad y la normatividad marítima vigente, con riesgo de naufragios.

Lo anterior incluye a empresas legalmente constituidas, que estarían ofreciendo este tipo de “promociones” por un precio exagerado. “Evidenciamos que el costo de la ruta entre San Andrés y Centroamérica oscila entre 1.500 y 5.000 dólares”, destacó Cabello Blanco.

La procuradora también confirmó que este año se han registrado seis naufragios, en los cuales han desaparecido, al menos que se tenga conocimiento, 59 personas. Por eso, aseguró que no se trata de un tema menor: “Si hay un tema grande y mayor en el tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima. Nosotros como país, y sobre todo como institucionalidad, debemos estar presentes en todo el territorio nacional, brindando el apoyo necesario para evitar y mitigar esta situación y lógicamente evitar que sigan ocurriendo pérdidas de vidas humanas”.

Según el informe presentado por la funcionaria, se evidenciaron 28 situaciones de riesgo para los migrantes tras una visita realizada durante el primer trimestre de 2023. La población migrante más afectada es la proveniente de países como Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladés, Bielorrusia y Bosnia, principalmente.

Dentro de las situaciones de riesgo que se encontraron están: alojamientos improvisados, menores entre cero a seis meses separados de sus familias, y contaminación ambiental. Lo anterior se debe, dice la Procuraduría, a que no hay planes de acción ni controles efectivos en los puntos de mayor flujo de migrantes en el archipiélago.

Cabello Blanco fue enfática en decir que estas problemáticas suceden por una “total inacción del Gobierno Nacional y de las autoridades del territorio, frente al control de la migración irregular”.

Ante la crítica situación, el Ministerio Público hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera “urgente” en la crisis humanitaria que vive el territorio.

Para este propósito, la entidad planteó 30 recomendaciones que remitió a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el de Ambiente, a la Superintendencia de Transporte, a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil, al Instituto de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, a la Policía y a la Gobernación de San Andrés para que actúen oportuna y efectivamente frente a la migración ilegal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.