Al magistrado Gustavo Roa Avendaño lo querían matar: uno de los empresarios involucrados era su vecino y ya está muerto

El magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla aseguró que el plan para acabar con su vida estuvo relacionado con las acciones que tomó después de las declaraciones de Salvatore Mancuso

El magistrado denunció un presunto plan en su contra el pasado 18 de septiembre - crédito red social X

Después de que se conociera la noticia sobre un presunto atentado contra el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla Gustavo Roa Avendaño, se siguen develando detalles de quiénes serían los supuestos responsables.

El togado denunció el hecho, basado en una comunicación vía WhatsApp, donde se le advertía sobre la contratación de sicarios por parte de los empresarios Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas, acusados por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en el caso Frigorífico Camagüey, que posiblemente financió actividades ilícitas.

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En las últimas horas se conoció, gracias a una investigación realizada por El Tiempo, que uno de los dos empresarios fue vecino del magistrado en una exclusiva unidad residencial de Barranquilla. Se trata de Alfonso Macías Vargas, un reconocido palmero, que habría prestado uno de sus predios para que las AUC llevara a cabo torturas y violaciones a los derechos humanos, además de convertirse en centro de distribución y comercialización de ilícitos.

El presunto plan, que iba a ser perpetrado en los días posteriores a la advertencia recibida por un desconocido, tendría como origen una supuesta represalia de los implicados por la compulsa de copias que hizo el magistrado Roa a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigara nuevamente a los empresarios por financiación de grupos armados ilegales en Magdalena.

Obituario de Alfonso Macías Vargas publicado el 5 de septiembre de 2023 - crédito El Heraldo

Lo que intentan descubrir las autoridades ahora, es cómo y cuándo pudo originarse el plan del vecino del magistrado, debido a que para el momento en el que llegó la alerta, el 18 de septiembre, Macías Vargas ya llevaba más 15 días de fallecido, según corroboró su abogado. De hecho, existe un obituario publicado en un medio nacional que confirmaría la noticia del fallecimiento el pasado 2 de septiembre de 2023.

La defensa del sindicado comentó que la familia de Macías se enteró de las acusaciones del magistrado a través de las noticias de diferentes portales, cuando aún atravesaban por el duelo de perder a su ser querido. “Con sorpresa y temor el Señor Matera Lajud y Macías Azuero (hijo de Macías Vargas) se enteran por los medios de comunicación que el magistrado de Justicia y Paz denuncia que planean presunto atentado en su contra, y afirma que este plan criminal está relacionado en decisiones en torno a los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud” comentó el abogado Rubén Darío Henao para El Tiempo.

De hecho, un detalle que no logró percatarse en su momento, fue un comunicado enviado por los empresarios después de conocerse las denuncias del magistrado, en el que aseguraban que interpondrían acciones legales contra Roa Avendaño por las afirmaciones sin sustento probatorio. Sin embargo, el documento aparece firmado por Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Azuera, hijo del sindicado empresario.

Comunicado de los empresarios sobre presunto atentado contra Magistrado Gustavo Roa Avendaño - crédito defensa Rafael Matera y Alfonso Macías

“En relación con las publicaciones de prensa en las que se relacionan nuestros nombres como presuntos autores de las amenazas en contra del señor Roa Avendaño, nos permitimos informar que en uso de nuestros derechos fundamentales, adelantaremos diferentes acciones judiciales en contra del señor Gustavo Roa Avendaño, por sus manifestaciones injuriosas y calumniosas contra nosotros”, se lee en el documento emitido el mismo 18 de septiembre, día en que el magistrado envió la denuncia a la Fiscalía.

En cuanto a las solicitudes de Roa Avendaño a la Fiscalía, el togado aseguró que seguirá en firme con su denuncia para que esclarezcan los motivos y responsables del presunto ataque, mientras que la defensa de los empresarios aseguró que ya interpuso una demanda por injuria y calumnia, además de remitir una queja disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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