La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene en su radar al alcalde municipal de San Luis (Tolima), Guillermo Ignacio Alvira Acosta, por presuntas irregularidades en la destinación de miles de bultos de cemento que fueron donados por la empresa de concreto y cementera Cemex Colombia. De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, la Alcaldía Municipal recibió 250 toneladas de cemento por parte de la compañía, las cuales no ingresaron ni al almacén ni a los activos del municipio.
Por eso, la PGN abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde para verificar la destinación de los bultos de cemento, que fueron recibidos bajo un convenio con la empresa de concreto y con los que se buscaba adelantar proyectos que beneficiarían a habitantes de San Luis y del corregimiento de Payandé. Dentro de las indagaciones, la Procuraduría también incluyó a los secretarios de Planeación y Desarrollo, Luis Fernando Cardozo García, y de Gobierno, Johan Jair Cabezas Gutiérrez.
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Por tal motivo, la PGN ordenó que se practiquen las pruebas requeridas para establecer si hubo irregularidades en la destinación de las más de 200 toneladas de cemento. Para ello, mediante dichas pruebas, se espera identificar si el material fue utilizado en conforme al convenio y si fue cumpliendo con la normatividad vigente.
Asimismo, el organismo de control revisará si el convenio celebrado entre la compañía y la Alcaldía de San Luis fue publicado en la plataforma Secop como correspondía. También evaluará si el acuerdo firmado entre las partes fue supervisado de manera correcta.
El alcalde de Pitalito también es investigado
La Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria al alcalde de Pitalito (Huila), Edgar Muñoz Torres, por presuntamente no haber cumplido una sentencia con la que se ordenaba garantizar los derechos fundamentales de las personas en condición privativa de la libertad.
El organismo de control y vigilancia explicó que el alcalde debía tomar las medidas que se requirieran para brindar garantías a quienes permanecen detenidos en el Centro de Detención Transitorio (CDT) de Pitalito, el cual está ubicado en la sede del colegio Departamental Mixto. Sin embargo, al parecer, el mandatario local habría omitido adelantar tales acciones.
De acuerdo con la PGN, Muñoz Torres habría incumplido lo estipulado en la sentencia SU 122 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual se ”estableció el estado de cosas inconstitucional por hacinamiento en los CDT, y la Ley 65 de 1993, que modificó el Código Penitenciario y Carcelario”, explicó la entidad.
La problemática del CDT en cuestión recae en que la Alcaldía Municipal, al parecer, no ha garantizado las condiciones mínimas de cuidado a las personas privadas de la libertad, referentes a la alimentación, el acceso a luz solar suficiente, el acceso a los baños, los cuales tampoco están separados para mujeres y hombres. Además, hace falta ventilación.
Si se cumpliera con el cubrimiento de estas necesidades, las concisiones de estancia de los y las detenidas podrían ser mejores y se estaría cumpliendo con el fallo de la Corte Constitucional. Así las cosas, la PGN pidió al alcalde de Pitalito allegar copias de convenios que haya suscrito con el Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde 2020. También pidió información sobre los recursos destinados desde su administración para el sostenimiento de las cárceles del municipio y sobre las investigaciones que se adelantan sobre violaciones a derechos humanos de los detenidos en el CDT.