Con dos proyectos de ley, el Gobierno nacional espera consolidar la creación de la Jurisdicción Agraria que se encargará de resolver los conflictos de tierras que fueron la base del conflicto armado interno. Según los funcionarios, los procesos se podrán resolver casi como una tutela, el recurso judicial más rápido que existe en el país.
La Jurisdicción Agraria fue aprobada por el Congreso en el 2022, sin embargo hace falta establecer sus funciones, competencias, zonas en las que funcionarán los despachos judiciales, número de empleados, así como el presupuesto, que quedarán definidas con dos proyectos, uno de ley ordinaria y otro estatutaria que se consideran la reglamentación del procedimiento agrario.
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Tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, como el de Justicia, Néstor Osuna, radicaron los proyectos esperanzados en contar con el apoyo de la mayoría de los partidos. Congresistas de La U y el Conservador, que ya no forman parte de la bancada de Gobierno, acompañaron la radicación, así como el Partido Liberal, Alianza Verde y Comunes también lo hicieron.
“Es una decisión de muchas fuerzas políticas no solo diciendo: cumplimos porque es un acuerdo, sino porque tenemos claro que si los campesinos tienen de una manera ágil, casi como del esquema de una tutela, tienen cómo resolver sus conflictos, va a haber menos violencia”, aseguró el jefe de la cartera política.
El ministro de Justicia señaló que la idea es que los procesos agrarios se resuelvan en un término breve, visible a corto plazo “cercano a la tutela” y no en el represamientos de expedientes que duran archivados hasta 10 años. Una agilidad que había sido resaltada por el presidente Gustavo Petro quien sostuvo que varios reclamantes de tierras se fallecían sin que saliera un fallo de su demanda.
Osuna Patiño explicó que el procedimiento que se plantea es sencillo, no tanto al nivel de la tutela que debe ser resuelta en 10 días, debido a que se deben recolectar una serie de pruebas para resolver los procesos, pero sí que sea lo más ágil posible.
“Esta es la mejor forma de llevar paz a millones de conciudadanos y conciudadanos que no lo han tenido. Lo digo porque es cierto, en este país históricamente los pleitos de tierra se han resuelto a bala, esta es la fórmula para que esto no siga siendo así, para que se puedan resolver modo civilizado, pacífico, con la presencia del Estado mediante un juez imparcial, sabio, justo”, aseguró el ministro Osuna.
La Jurisdicción Agraria no funcionará bajo las regiones judiciales de las demás jurisdicciones. Proponen que sean cinco tribunales, según explicó el ministro de Justicia, uno para la región Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina. “La conflictividad del mundo rural no son iguales, por eso era necesario reformar la ley estatutaria”, señaló.
Se plantea que, de ser aprobados los proyectos, el otro año arranque el funcionamiento de la jurisdicción con 64 jueces de Circuito, con dos instancias. Ninguno de los juzgados estará ubicado en Bogotá, sino que se espera establecerlos en “los sitios donde nunca ha habido administración de justicia”, sostuvo Osuna.
El presupuesto para la creación de la Jurisdicción Agraria inicialmente es de 134.000 millones de pesos al año para la creación de los 64 despachos, junto con los cinco tribunales agrarios y los costos asociados a los funcionarios que harán parte, a los que se suma el fortalecimiento de la Sala de Casación Rural de la Corte Suprema de Justicia. Esos recursos que ya están incluidos en el presupuesto para el 2024 y acordados con la Rama Judicial.
Las altas cortes podrán seleccionar, como ocurre en el caso de la tutela, los casos más emblemáticos para estudiarlos y emitir jurisprudencia al respecto.