El controversial candidato a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Indepedientes se enfrenta a una acusación hecha por la abogada Gloria Jaramillo, en la que se señalan irregularidades en un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Comunicaciones y la institución universitaria.
Este contrato busca el apoyo de la universidad para “gestión de estrategias enmarcadas dentro del pilar de gobernanza de comunicaciones”, es decir, generar imágenes y material audiovisual para la Alcaldía. Dicho contrato se ofició el pasado 13 de febrero del presente año, por una suma de 9.050 millones de pesos. A partir de esta fecha, se se generaría el material correspondiente por once meses.
Sin embargo, lo que saltó a la vista de la abogada que presentó la denuncia fue una carpeta con material multimedia de cinco personas que contenderían en las próximas elecciones. Esta carpeta fue hallada en los informes mensuales de supervisión del contrato. Las personas incluirían, según la evidencia a Juan Carlos Upegui (candidato a la Alcaldía); Ana Valle (precandidata), Carlos Romero (Concejo), Juan Daniel (subsecretario en la Alcaldía) y Sergio López, (al Concejo)”.
Estas pruebas aparecen en la documentación presentada por Jaramillo. Allí se evidencian unas fotos de la carpeta de drive en la que se hallaban las subcarpetas con el contenido multimedia. La abogada señaló que en estas carpetas encontraron tomas y videos que habrían sido editados por cuenta del contrato, dentro del marco de la gestión de estrategias de comunicación para la Alcaldía.
La abogada, desde su cuenta de la red social X @Tyche78Tyche, puntualizó que ”en cada una de estas encontrarán el material que nuestros impuestos han venido pagando para que los candidatos de Daniel Quintero sigan desangrando nuestra ciudad. Apenas empezamos a desenmascarar el origen de la plata de las campañas”.
A causa de esto, la Alcaldía de Medellín ha buscado responder a las acusaciones. En un comunicado oficial publicado el pasado 5 de septiembre, la Administración Distrital aclaró que es necesario demostrarle a la opinión pública la supuesta falsedad de estos hechos.
En el documento se manifiesta que “es falso que la Alcaldía de Medellín esté trabajando en alguna campaña política con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. El objeto del contrato tiene como finalidad exclusivamente el fortalecimiento de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”.
Del mismo modo, que las acusaciones divulgadas fueron publicadas “de manera malintencionada y dudosa” y que esta denuncia “está enmarcada en el contrato y dentro de las funciones de ese contrato no hay ninguna de las actividades que se mencionan allí”, refiriéndose a la incriminación de la abogada Jaramillo.
Ante la evidencia de las carpetas halladas en el drive, la Administración también asegura que “los videos, enlaces e imágenes reseñados recientemente a través de redes sociales no hacen parte del cumplimiento del contrato ni cuentan con la aprobación de ninguna de las partes contratantes”.
Aún así, la Alcaldía también ofreció una disculpa por la polémica, lamentando “profundamente que, por motivos políticos, se generen especulaciones que intentan manchar el buen nombre de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y el trabajo conjunto realizado en el marco del contrato”.
En cuanto al convenio, en el comunicado se enfatiza el hecho de que la Universidad Nacional es una institución certificada e idónea para ejecutar contratos como este, debido a su compromiso histórico con la excelencia y su reconocido prestigio.
Ante los sucesos, se han pronunciado distintas figuras públicas que invitan a la investigación a fondo, con el fin de que los organismos de control esclarezcan todos los hechos que rodean esta polémica. Por ejemplo, el diputado de Antioquia, aseguró desde su cuenta de X que investigará a fondo y, que si es necesario, “llevaremos esto hasta las últimas consecuencias! Cuidaremos a Medellín y a Antioquia”, indicó.