Un grupo de congresistas radicó en la secretaría general del Senado de la República un proyecto de ley que, según expertos, podría limitar los derechos de las personas transgénero. Se trata de la proposición que buscaría para regular los procedimientos médicos que avalan el cambio de género; en especial, la prohibición de cualquier cirugía o tratamiento hormonal para menores de 18 años.
El proyecto tiene como ponente principal al representante Luis Miguel López y el senador Mauricio Giraldo, del partido Conservador; y cuenta con el apoyo de José Jaime Uscátegui y Christian Garcés, del Centro Democrático; al igual que los conservadores Yenica Sugein Acosta, Juliana Aray Franco y Germán Blanco; Miguel Polo Polo, de la curul afrocolombiana; y la liberal Karina Espinosa.
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El motivo principal para la radicación de este proyecto, que tendrá su curso primero en el Senado y luego en la Cámara, es “salvaguardar, especialmente, la vida, la salud y la integridad de los menores”.
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En medio de la polémica
El asunto que ha causado más controversia es el que define la disforia de género como un “trastorno mental que se presenta en un mínimo de seis meses”, debido a “una marcada incongruencia entre el sexo que el individuo siente o expresa y el que se le asigna”. Una afirmación que ha causado el rechazo de diferentes organizaciones.
Mientras que la reasignación de género, de acuerdo con el documento, “es el tratamiento médico para aquellas personas que quieren adaptar sus cuerpos al género deseado”, mediante hormonas y/o cirugía. A su vez, la cirugía de afirmación de género se entiende, como su nombre lo indica, al procedimiento quirúrgico que esté enfocado hacia ese fin.
Es válido destacar que, sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-218, se pronunció y sentó postura, al indicar que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género. “Lo que también conlleva su derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género”, sin importar si son mayores de edad o no.
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En ese sentido, si bien se plantea la prohibición para los menores de edad, en adultos se establece en el articulado que será requisito previo para el inicio de un tratamiento de cambio de sexo, que el paciente reciba una consejería en la que “se le describa el procedimiento, su impacto físico y psicológico” y lo que se denominó carácter irreversible. Además de los costos directos e indirectos de hacerse un procedimiento de estos; todo esto basado en fuentes científicas.
A su vez, la sentencia T-771 de 2013 defiende la práctica de procedimientos médicos como forma de superación de las dificultades por las que pasan la comunidad trans con su cuerpo, como mamoplastia.
Pese a ello, en la argumentación, los ponentes expresaron su preocupación a que la Corte Constitucional haya dado aprobación a la realización de dichos tratamientos en menores de edad, “sin que se haya establecido tampoco mayor regulación al respecto”.
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El proyecto de ley propuesto por este grupo de parlamentarios se suma al que se radicó al inicio del periodo legislativo, conocido como Estoy vivo desde la concepción, que busca –Mauricio Giraldo y Luis Miguel López– que de parte del Estado se proteja la vida desde el vientre; a propósito del fallo de la Corte que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.