La Agencia Nacional de Tierras (ANT) identificó 3.007 predios en todo el país, que concentran baldíos cuyos dueños son particulares a quienes se les otorgó la propiedad, según la entidad, de manera indebida. “Jueces de la República les reconocieron derechos de propiedad bajo la figura de prescripción adquisitiva”, indicó la ANT en un comunicado.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la prescripción adquisitiva es una manera de ser legalmente dueño de un predio y aplica únicamente cuando ya se ha estado viviendo en el sitio durante cierto tiempo sin ser todavía el propietario y sin que el dueño verdadero lo haya reclamado como propio.
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Ahora bien, la Corte Constitucional ordenó que los 3.007 predios identificados por la ANT sean recuperados y adjudicados a familias campesinas, mujeres rurales o comunidades étnicas y, de esta manera, avanzar en la reforma agraria.
Las disposiciones de la Corte surgieron por medio de la sentencia SU-288 de 2022, en la que ratificó que la Agencia es la única entidad del país facultada para adjudicar baldíos a las comunidades rurales. Este era un conflicto de competencias entre la ANT y la justicia ordinaria que, gracias al fallo del alto tribunal, pudo concluirse.
Según el líder de la Dirección Jurídica de Tierras de la Agencia, Julio Cuastumal, hay algunos casos en los que no excedieron las normas del Régimen de Baldíos, por lo cual la ANT tendrá que revisar esas situaciones particulares.
El anuncio sobre la identificación de los predios se hizo en la socialización de la sentencia SU-288 para la región de la Orinoquía, que se llevó a cabo en Villavicencio los días 23 y 24 de agosto de 2023.
“Este es el primero de siete encuentros que realizarán en el país las entidades rurales vinculadas en la sentencia, entre las que se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad de Restitución de Tierras”, precisó la ANT.
El director de la entidad ha sido fuertemente cuestionado por su trabajo, relacionado con procesos de adjudicación de tierras que tenía el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) (2003-2016) y que pasaron a ser de la Agencia.
Dicho Instituto nació de una fusión entre el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa).
Desde distintos sectores han señalado que la ANT ha estado entregando títulos que le pertenecían a Incoder. “¿Por qué la agencia de tierras entrega títulos del Incoder? ¿Hacen creer a la gente que entregan títulos “nuevos” que hacen “nuevos” propietarios? ¿Están entregando títulos expedidos por el antiguo Incoder y ya registrados en la Oficina de Registro? Sería un terrible engaño al país”, expuso la congresista Paloma Valencia en X.
El director de la Agencia, Gerardo Vega, dijo que su trabajo también ha sido “desengavetar” los títulos tanto del Incoder como del Incora, a los que acusa de “sentarse sobre los títulos” y no entregarlos, como sucedió con una mujer llamada Daysan Mayerly Gaviria Erazo, según el funcionario. Además, dijo que el título de la mujer fue emitido por el Incoder, pero nunca fue entregado ni registrado. Por este caso, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Pasto sancionó a Vega, quien afirmó que dicha decisión será apelada ante el Tribunal Superior de Pasto.
“En estos últimos días han cuestionado nuestra gestión, pero es parte de nuestro trabajo entregar estos títulos que han estado archivados, enterrados, en 11 kilómetros de cajas, por eso estamos desengavetando esos títulos, porque lo importante es que la gente tenga el documento que acredita su propiedad. Hemos entregado títulos sobre 1.200.000 hectáreas a ciudadanos colombianos. Eso es parte de la Reforma Agraria, es parte del Gobierno del Cambio”, dijo el director en un video publicado en la página oficial de la ANT.