Continúan los coletazos por las declaraciones que entregó el condenado expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, sobre el entramado de corrupción de la multinacional Odebrecht, donde se estableció que la extinta multinacional brasilera entregó dineros durante la campaña presidencial de 2014 para garantizar quedarse con licitaciones para la construcción de vías de última generación en el país.
En sus señalamientos, durante una entrevista que concedió a la revista Cambio desde la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde purga su pena de 11 años de prisión, el exalto ejecutivo de la entidad financiera aseguró que el dueño del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez ordenaron buscar a un socio para poder participar en la licitación para el proyecto de la Ruta del Sol II y que finalmente eligieron a los brasileros.
En otro de los apartes del diálogo sostuvo que desconocía quién sería el alto funcionario que habría facilitado que Odebrecht aportara a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos con el fin de asegurar la adición al contrato para construir el tramo Ocaña-Gamarra, y mencionó al mismo expresidente, la otrora secretaria General de la Presidencia de la República, María Lorena Gutiérrez, que ahora es presidenta de Corficolombiana, así como al exvicepresindente Germán Vargas Lleras.
Ante ese señalamiento, el líder natural de Cambio Radical se pronunció y negó su vinculación tras la mención que hizo Melo, ya que no formaba parte de los gobiernos que regían cuando ocurrieron los mencionados hechos de corrupción, destacaron en el informativo de televisión Noticias Caracol.
Recordó en ese medio de comunicación que el contrato original se firmó en 2010, cuando concluía el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y con el que no tenía vinculación, y el otrosí se firmó en marzo de 2014, seis meses antes de que se posesionara como vicepresidente de la República, para el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos.
Finalmente, fuentes cercanas al exmandatario aseguraron en Noticias Caracol que el señalamiento de aportes a la campaña en 2014 se basaba en testimonios de personas que han mentido y se han controvertido dentro del caso de corrupción, así como tampoco hay alguna prueba con la que se demuestre que hubo aportes desde Odebrecht.
Renunciar a la jurisdicción de la Corte IDH
Aparte, en su habitual columna de los domingos en el periódico El Tiempo, el exvicepresidente instó a que Colombia ya no reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque sus fallos han sido costosos y adversos para el país, como ocurrió con la sentencia por la que la Procuraduría General de la Nación (PGN) quedó sin la facultad de destituir a funcionarios de elección popular.
“Hemos aceptado que ese organismo Internacional está por encima de nuestra Constitución, con consecuencias a todas luces impredecibles. Si ya nos retiramos de la Corte de La Haya, y tardíamente, a propósito del litigio con Nicaragua, me pregunto qué esperamos para desvincularnos de este tribunal”, expresó en el diario bogotano.
También se refirió a la reciente sentencia de la Corte Constitucional colombiana donde armonizaba el fallo de la CIDH con el ordenamiento nacional, y sostuvo que con él intentaban quedar bien con todo el mundo, ya que si bien conservaba las competencias de la Procuraduría de investigar y sancionar a funcionarios, en el caso de los que son elegidos popularmente el proceso se duplica con el paso que deben surtir ante el Consejo de Estado, quien finalmente toma la última decisión en esos procesos.
“Ya podemos imaginarnos lo que pasará cuando la sola acción de la PGN ya es francamente deplorable. En 2021, de 79.700 quejas evaluadas tan solo se produjo fallo condenatorio en 921, y de estos, el 50 % fueron revocados. En 2022, de 54.724 quejas presentadas, ya van más de la mitad archivadas o con fallo inhibitorio o prescritas. Una burla”, aseguró.