La Fiscalía General de la Nación (FGN) informó que imputaría cargos a directivos de la multinacional brasileña Odebrecht por el entramado de corrupción que rodeó a la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol II en Colombia.
De acuerdo con el comunicado del ente acusador, el presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008 y 2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira serían imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
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Esta decisión no cayó bien en la compañía ni en sus exintegrantes, quienes, por medio de sus abogados defensores, emitieron un comunicado en el que aseguraron que han colaborado desde 2016 con la justicia colombiana para desenredar este caso de corrupción. Sin embargo, sostuvieron que la imputación de cargos anunciada por la FGN no respetó acuerdos que se pactaron en medio de las investigaciones.
La comunicación está firmada por los abogados Vicente Emilio Gaviria Londoño, apoderado judicial de exfuncionarios y colaboradores brasileños, y Jaime Enrique Granados Peña, apoderado del componente corporativo y de exfuncionarios y colaboradores brasileños y colombianos.
Luego, informaron que mediante una “Matriz de Colaboración”, desde agosto de 2019 han aportado elementos materiales probatorios a la investigación y que, además, siempre mantuvieron la confidencialidad del caso como se había pactado. Criticaron entonces que la FGN no haya dado a conocer que dicha colaboración con Odebrecht existió.
“Razón por la cual recibimos con sorpresa que en la rueda de prensa ofrecida por la Fiscalía General de la Nación el 17 de agosto, se haya omitido cualquier referencia a dicha colaboración que por espacio de 7 años se ha venido materializando”, detallaron en el comunicado.
Además de eso, dijeron que la imputación de cargos que pesará sobre ciertos directivos de la multinacional supone una falta a un acuerdo que se había establecido con algunos de ellos.
Dicho principio de oportunidad, según el Ministerio de Justicia, se entiende como una posibilidad de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución judicial que se hace a los procesados. Esta decisión la toma únicamente la Fiscalía según requisitos establecidos en la ley colombiana.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de Colombia, hay por lo menos 18 causales por las que se puede aplicar el principio de oportunidad a una persona procesada. Una de ellas, es la colaboración con la justicia.
“Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada”, explica el Código.