El más reciente escándalo que salpica al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, debido a las fuertes acusaciones Nicolás Petro Burgos, su hijo, quien indicó que a la campaña del jefe de Estado habrían ingresado recursos de origen ilegal, sigue causando indignación por parte de los sectores políticos de oposición; que han exigido que se haga un juicio político al jefe de Estado.
Entre los argumentos de los movimientos contrarios al mandatario de los colombianos, se alega que con los recursos que habría recibido la aspiración de Petro Urrego irían en contravía de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, que establece en el artículo 109, en su inciso 7, que la violación de los topes máximos de financiación conlleva a la pérdida de investidura por parte del elegido.
“La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”, se lee en el mencionado artículo, en relación con lo que sería el incumplimiento de los límites de dinero fijados para las campañas; tanto en la primera y la segunda vuelta, denunciados por el abogado constitucionalista Rafael Nieto Loaiza.
A lo que se sumarían las implicaciones de tipo penal, si se comprueba que el presidente sabía de la entrada de dineros. Así lo establece el Código Penal Colombiano, en el que se especifica que es delito que los gerentes y los candidatos reciban recursos de “fuentes prohibidas” para financiar las campañas y, asimismo, excedan los topes de gastos establecidos por las autoridades electorales.
Es claro que este caso, si se establece la responsabilidad del presidente de la República, podría causar imputaciones en falsedad en documento privado, fraude procesal, e, incluso, concierto para delinquir.
Saldrán a las calles
Al respecto, Ana María Medina, directora del Foro Colombia Libre, organización que tiene presencia a nivel nacional, confirmó que luego de reunirse con los congresistas de los partidos de la oposición, se planeó una movilización para el 16 de agosto de 2023, en el que se empezará hacer pedagogía sobre la exigencia al legislativo: que se le haga un juicio político al mandatario.
“Saldremos a las calles para que la gente entienda de qué se trata un juicio político y el 16 de agosto será la gran movilización. El motivo es exigirle a la Comisión de Acusación que dé inicio al proceso de juicio político, pues fue una denuncia interpuesta en el mes de mayo por Foro Colombia Libre y el abogado José Manuel Abuchaibe”, manifestó la mujer, en diálogo replicado por RCN Radio.
Los límites para la primera vuelta presidencial, que se efectuó el 29 de mayo de 2022, fueron de $28.536.520.492 por candidato, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, solo se habrían reportado ingresos por $28.384.680.001; solo 152 millones de pesos por debajo del tope fijado.
En contraste, el límite de gastos para la segunda vuelta presidencial, desarrollada el 19 de junio de 2022, fue de $13.347.457.427, en tanto que la campaña Petro Presidente reportó gastos de $13.199.709.794; es decir, apenas $148 millones menos que el límite. Cifras que están siendo revisadas por lupa por parte del organismo, luego de conocerse las denuncias en contra del mandatario.