Por dudosa designación de Inspector de Policía, Procuraduría investigará a exalcalde de Riosucio, Chocó

La Procuraduría General de la Nación anunció que iniciará una investigación formal contra Luis Fernando González Lascarro, exalcalde Riosucio (Chocó), debido a que fue la persona encargada de nombrar y posesionar al inspector de Policía Rural del municipio, a pesar de que esta persona no contaba con los requisitos necesarios para asumir dicho cargo. Al exmandatario, que permanecía en condición de alcalde encargado, el órgano de control le formuló pliego de cargos.

La información la dio a conocer la entidad gubernamental a través de un comunicado en su página web, en donde indicaron que la designación del inspector, identificado como Darío Antonio Novoa Padilla, se registró el 29 de octubre de 2020. El uniformado fue autorizado para ejercer este cargo en el corregimiento de Belén de Bajirá (Chocó), a pesar de que no había terminado ni aprobado sus estudios en la carrera de derecho.

La ley colombiana, específicamente el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, en su parágrafo 3°, establece que para ocupar el cargo de inspector de la Policía Rural se debe contar el título profesional. Según indicó la Procuraduría, Novoa Padilla solo contaba con el título de bachiller en su hoja de vida, infringiendo directamente los estatutos establecidos en la Constitución Política colombiana.

Por tal motivo, el órgano de control formuló cargos, igualmente, contra el designado inspector Novoa Padilla, así como Marledis Mena Arroyo, que ejercía como jefe de personal de la alcaldía del municipio y habría incidido en la designación del uniformado para dicho puesto.

Los sindicados habrían incidido en una falta grave cometida a título de culpa debido a que, indicó la Procuraduría, habrían llevado a cabo transgresión a normal de obligatorio cumplimiento. Esta no es la primera vez que un mandatario de dicho municipio afronta una investigación penal.

Para abril de 2023, un juez de la República condenó a Cecilio Moreno Arroyo, alcalde del municipio en el periodo entre 2012 y 2015, así como al tesorero municipal que ejercía en la misma administración, Onofre Cuesta Murillo, a ocho años de cárcel. La sentencia se registró luego de que los exfuncionarios hubieran sido acusados de haber incurrido en el delito de peculado por apropiación en provecho propio.

Los funcionarios habrían cometido el delito luego de que, presuntamente, se embolsaron más de 50 millones de pesos que figuraban como supuestos adelantos para las obras del acueducto que se iba a instalar en el barrio El Paraíso, en zona rural del municipio de Riosucio, en el 2013. Para 2014, el contrato de dicha obra caducó debido a incumplimientos dentro del vínculo.

Según manifestó el director seccional de la Fiscalía del Chocó, Andrés Mauricio Cabrera, aquellos adelantos no habrían llegado al contratista que iba a llevar a cabo la obra. El funcionario enfatizó en aquella oportunidad en que el dinero llegaba directamente a una cuenta del extesorero Cuesta Murillo, que retiraba el dinero en efectivo para entregárselo al exmandatario Moreno Arroyo.

Por tal motivo, ambos exfuncionarios fueron trasladados a un centro penitenciario donde cumplen su condena, abarcando así uno de los múltiples casos de corrupción que se han registrado en el departamento del Chocó durante los últimos meses. Esta problemática se suma a la amplia presencia de grupos armados en esa región del país.