El 28 de julio se conoció el Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario con el que el Ministerio de Justicia busca, en seis meses, mejorar la calidad de vida en las cárceles. Este plan, según explicó el ministro Néstor Osuna, está dividido en nueve ejes que comprenden 40 acciones urgentes, que se buscan superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional en 1998.
Los nueve ejes son: infraestructura penitenciaria y carcelaria, enfoque de género, protección del derecho a la vida, alimentación, salud, acceso efectivo a la justicia, lucha contra la corrupción, productividad para la resocialización y educación y cultura para la resocialización.
El otro proyecto de ley al que hizo referencia el ministro de Justicia es el de humanización del sistema carcelario, que volverán a presentar al Congreso y señaló que “incluye la solicitud de facultades al Gobierno nacional para reestructurar Inpec, Uspec, con la finalidad de hacer mucho más eficiente ese gasto”
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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, en diálogo con Sigue la W, reconoció que el plan es muy ambicioso y que se espera que, al término de los seis meses que marcó como plazo el ministro Osuna, haber avanzado en la mayoría de las tareas que contempla el Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario.
También advirtió que con este plan se busca “que muchas de las iniciativas, que ya venimos adoptando, en estos meses de Gobierno, puedan articularse en torno a un plan, que la ciudadanía pueda conocer públicamente y que pueda dar, en un plazo muy certero de seis meses, para poder ver cómo el Gobierno nacional está operando en el sistema penitenciario y cómo estamos tratando de avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional
El viceministro detalló que, para luchar contra la corrupción en el sistema penitenciario, el Inpec “ha venido estructurando un plan, que se puede ver como una forma de lineamiento general de política anticorrupción. El objetivo es que podamos tener unos criterios de transparencia mucho más claros”.
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Y añadió que “el Inpec se comprometará a establecer unos reportes públicos, unos informes sobre el estado de los avances de los proceso disciplinarios y sancionatorios que lleva a cabo; también habrá una intervención concreta frente artículos prohibidos como, por ejemplo, la telefonía celular, que en muchos de los centros penitenciarios sigue circulando y pasa también por fenómenos de corrupción”.
Sobre el hacinamiento en las cárceles colombianas, uno de los fenómenos más preocupantes que aqueja al sistema penitenciario colombiano: “El reciente informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a Colombia adoptar una serie de medidas de hacinamiento. Lo que se encuentra es que a muchas personas se les lleva a la cárcel y muchas veces estas personas no resultan siquiera condenadas”.
El plan puede ser consultado, en detalle, a continuación: