800.000 hogares inscritos en Tránsito a Renta Ciudadana ya no están suspendidos: cuándo pueden reclamar

Desde que se puso en marcha el programa, Prosperidad Social inició la estrategia de “Anticolados” para evitar que las transferencias cayeran en manos de personas que realmente no cumplían con los parámetros

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El Banco Agrario fue seleccionado por Prosperidad Social para garantizar la entrega de los pagos de las transferencias monetarias a los hogares que participan en el programa. Cortesía: Prosperidad Social.

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, destacó que para las actividades de transferencias del tercer ciclo de pagos del programa “Tránsito a Renta Ciudadana” cerca de 800.000 hogares que se encontraban suspendidas podrán recibir el incentivo por parte del Gobierno nacional.

Según lo destacó la directora, durante el transcurso de julio la entidad pudo validar cerca de 800.000 encuestas para rectificar la información suministrada y con eso lograr superar el estado de suspensión que registraban en el programa, por lo cual, no fueron beneficiarios del ciclo 1 y 2 de 2023.

“Por lo tanto, podrán ingresar al tercer ciclo de pago del programa de tránsito a renta ciudadana, una vez subsanadas las inconsistencias y verificado el cumplimiento de los criterios de priorización, garantizando el debido proceso como habíamos estado informando” expresó la directora.

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A su vez, la directora precisó que la proyección que tiene la entidad nacional con el programa de “Tránsito a Renta Ciudadana” es la de llegar a 3 millones de hogares, en todas las zonas del país.

Sin embargo, desde que se puso en marcha el programa, Prosperidad Social inició la estrategia de “Anticolados” y verificación de las encuestas del Sisbén IV para evitar que las transferencias cayeran en manos de personas que realmente no cumplían con los parámetros asignados, lo que dio como resultado que en los primeros ciclos de años solo se cubriera a cerca de dos millones de hogares.

Con base en lo anterior, la directora comentó el 17 de julio de 2023, que desde la entidad se tuvo que suspender aproximadamente un millón de hogares porque en algunos de estos se encontró funcionarios públicos, pensionados y personas con ingresos de ocho millones pesos.

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No obstante, aclaró que sí hay familias suspendidas que cumplen con los requisitos asignados por el Gobierno nacional para las transferencias, por tal razón, la entidad adelantó las diligencias necesarias para levantar la suspensión y garantizarles un pago retroactivo, conforme con las reglas establecidas por el programa.

Prosperidad Social instauró medidas para el reclamo de las transferencias de los apoyos económicos de Tránsito a Renta Ciudadana

Las primeras semanas del pago del segundo ciclo de transferencias, que se llevaron a cabo en julio, registró una serie de inconvenientes producto a una desinformación efectuada por terceros, donde se evidenció que familias que no se encontraban beneficiarias asistieron a los puntos de pago del Banco Agrario para reclamar los beneficios, entre otros casos.

Rusinque explicó que para la primera semana de entregas de transferencias se proyectó un 24%; sin embargo, debido a las altas aglomeraciones, la entidad bancaria logró cerrar la actividades con más del 50% de la operación garantizada. En otras palabras, más de un millón de colombianos hicieron el cobro del apoyo económico.

Para evitar aglomeraciones en los puntos de pago de la entidad bancaria, Prosperidad Social recordó a todos los beneficiarios que los hogares programados para los ciclos del programa recibirán un mensaje de texto al teléfono celular, el cual le indicará la modalidad asignada para el reclamar el apoyo.

Igualmente, añadió que, el Banco Agrario cuenta con un pico y cédula preestablecido por plazas, el cual se efectuará según el número en el que termina del documento de identidad (cédula de ciudadanía):

  • Lunes: cobran los beneficiarios con cédulas terminadas en 1 y 2.
  • Martes, 3 y 4.
  • Miércoles, 5 y 6.
  • Jueves, 7 y 8.
  • Viernes, 9 y 0.

Empero, la implementación de dicha medida para las plazas es determinadas por las oficinas bancarias y las autoridades locales, con base en las capacidades operativas para atender los pagos y con eso evitar las aglomeraciones.

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