El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que no habrá escasez de comida en las cárceles, estaciones de Policía y centros transitorios de detención del país a partir del 1 de agosto. Esta decisión se tomó por las preocupaciones generadas ante la finalización del contrato de alimentación.
El alto funcionario anunció que su cartera está preparando un proyecto de ley para abordar la transición y el manejo de este tema por parte de las alcaldías.
“El 1 de agosto, esa es mi gran preocupación, no va a faltar comida en ninguna cárcel”, afirmó Osuna, dejando claro que se garantizará la alimentación de las personas privadas de la libertad.
Esta declaración surge como respuesta a la alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación sobre el fin del contrato de alimentación a partir de esa fecha, así como a la posición asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que informó que la entrega de raciones de comida pasaría a ser responsabilidad de las alcaldías.
De igual manera, la decisión de la Uspec se basa en un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2022, que estableció que el manejo de este servicio debe ser transferido a las administraciones locales; sin embargo, esta medida generó preocupación en asociaciones como la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la de Ciudades Intermedias (Asointermedias) quienes consideran que pone en riesgo los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambas organizaciones enfatizan que el tema requiere la participación de todos los niveles de Gobierno y recalcan que la Uspec cuenta con los recursos fiscales necesarios para garantizar la alimentación de esta población en todo el país.
Ante este panorama, el ministro Osuna aseguró que se están explorando todas las posibilidades para prorrogar los contratos que vencen el 31 de julio y señaló que la Uspec ya tiene una fórmula para hacerlo.
Además, reveló que su cartera está preparando un proyecto de ley de tres artículos para gestionar la transición del manejo de este servicio de la Uspec a las administraciones regionales. Este proyecto de ley contemplaría un período de un año para su implementación.
El ministro también adelantó que se solicitará al alto tribunal que permita esta “transitoriedad” dadas las circunstancias actuales, ya que con estas medidas, la entidad busca garantizar la continuidad del suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad y brindar un tiempo suficiente para que las administraciones regionales asuman esta responsabilidad de manera efectiva.
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La Procuraduría advirtió de la responsabilidad que tienen las autoridades locales y regionales sobre el suministro de alimentación a personas privadas de la libertad que están recluidas en centros de detención transitorios. Sin embargo, la Asocapitales y la de Asointermedias, emitieron un comunicado en el que aseguran que la Uspec “pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
En el documento hacen un llamado a la Procuraduría para “recaer principalmente” en la Uspec. “Para Asointermedias y Asocapitales, la Uspec no solo tiene la obligación legal, sino que además cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la alimentación”.
También entregan cifras de 2023, y aseguran que esa entidad tiene asignados 647.000 millones de pesos destinados a la alimentación de la población privada de la libertad del país, no solo en cárceles, sino también en otras penitenciarias como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía.
Asimismo, señalan que de las 22 mil personas que se encuentran en las URI y estaciones de Policía, 1.600 fueron condenadas, pero no han sido trasladadas a centros carcelarios.