La gobernadora encargada de Chocó, Farlin Perea Rentería, denunció en Semana que Ariel Palacios Calderón regresó a la Gobernación y se la tomó por la fuerza. Dijo que se había contactado con ella para tener una reunión, la cual no pudo atender y, en eso, Palacios habría aprovechado para ingresar a las instalaciones en Quibdó junto con otros exfuncionarios.
“Se tomó por vías de hecho la Gobernación y está despachando, ejerciendo funciones de gobernador. Yo no pude volver a ingresar a la Gobernación, todas las cosas de mi equipo se quedaron allá, no pudimos ingresar para nada”, explicó la gobernadora Perea a Semana”.
De acuerdo con Farlin Perea, el exgobernador cambió todas las chapas de la sede e impidió que cualquiera que no fuera de su equipo pudiera ingresar. También denunció que Palacios declaró insubsistente a todo el gabinete.
Un limbo jurídico
La llegada del exgobernador se registró, según explicó Perea, porque hay un limbo jurídico. Pues, Palacios estaba cumpliendo una medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras se adelanta un proceso penal en su contra. Sin embargo, por vencimiento de términos quedó en libertad y, por eso, hubo confusión en si podía o no reintegrarse como gobernador de Chocó.
La mandataria encargada explicó a Semana que el exgobernador se tomó las vías de hecho “porque el ministerio no fue claro”.
Sin embargo, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá explicó que el fallo que permitió la libertad de Palacios no implicaba admitir su reintegro. “No correspondía emitir pronunciamiento en torno a la suspensión del cargo como gobernador del departamento de Chocó del señor Ariel Palacios Calderón”, señaló el magistrado Luis Enrique Bustos Bustos en el documento.
De acuerdo con Semana, el Ministerio del Interior también ratificó lo establecido en el fallo judicial y aclaró que este no se refirió nunca a permitir el reintegro del exgobernador. Por tanto, dijo que las funciones debían seguirse ejerciendo por la gobernadora encargada, que llegó al puesto por decreto. “El referido decreto continúa vigente”, explicó el departamento de Gobierno.
Ahora, con el regreso de Palacios, hay preocupación en los habitantes de Chocó por las repercusiones que puede tener en las elecciones que se acercan. De acuerdo con el medio, los ánimos están “caldeados” en el departamento.
El caso penal de Ariel Palacios Calderón
En marzo de 2022, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia a Ariel Palacios por presuntas irregularidades en la contratación de elementos destinados a atender la emergencia por COVID-19. Asimismo, decidió suspenderlo de su cargo como gobernador del departamento de Chocó.
Según la Fiscalía General de la Nación(FGN), se presentaron presuntos actos de corrupción en medio de la urgencia manifiesta que se declaró en 2020.
“El mandatario local, mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por la covid-19. Al amparo de este acto administrativo, la Gobernación celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220′375.148. La modalidad de contratación estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrenta el país; sin embargo, el material de prueba obtenido por la Fiscalía puso en evidencia varias inconsistencias”, indicó el ente acusador en su momento.
Palacios no remitió dicho decreto en el que se declaró la urgencia manifiesta a la Contraloría General de la República. Tampoco presentó los soportes del proceso de contratación, como lo exige la ley. Estos documentos solo fueron entregados a petición del ente investigador.
Luego, en abril de 2023, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Esto, en respuesta a la defensa del exgobernador departamental, la cual reclamó que ya se había cumplido el tiempo razonable para que se radicara el escrito de acusación y se iniciara el juicio ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión.
El plazo es de 120 días y Palacios llevaba 259 días privado de la libertad en su residencia. Durante ese tiempo no se comenzó el juicio en su contra. Por eso, el Tribunal de Bogotá le concedió la libertad mientras sigue el proceso penal.