Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo podría ser suspendido de su cargo por conflicto de intereses

En vilo estaría la continuidad del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue designado el 26 de abril de 2023 por el presidente de la República, Gustavo Petro, en reemplazo de Carolina Corcho, en pro de avanzar con la reforma a la salud; una de las banderas de su gobierno.

Enrique Gómez Martínez, director del partido de Salvación Nacional, fundado por su tío, el asesinado excandidato a la Presidencia Álvaro Gómez Hurtado, presentó una recusación en contra de Jaramillo, por presunto conflicto de intereses para el ejercicio de sus funciones al frente de esta dependencia.

En una carta dirigida a Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y a su vez a Vladimir Fernández Andrade, secretario jurídico de la Casa de Nariño, Gómez acusó al actual ministro de estar inhabilitado para ocupar este cargo.

Todo se debería a que su compañera sentimental, la médica cirujana Beatriz Eugenia Gómez, está actualmente vinculada a la Superintendencia de Salud, como superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud; por lo que Gómez pidió compulsar copias para investigar disciplinariamente al ministro Jaramillo.

De hecho, en la hoja de vida pública radicada ante los organismos de contratación, Jaramillo –alcalde de Ibagué en el periodo 2016-2019– indicó que los intereses de su cónyuge son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de intereses, frente a la labor que desempeña.

Gómez, quien se ha declarado en oposición abierta al gobierno de Petro, indicó que en al menos 25 artículos de la reforma que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro debió declararse impedido para participar en la discusión. Lo anterior porque están directamente relacionados a la Superintendencia de Salud.

“Al no existir evidencia pública de que el mencionado ministro haya presentado impedimento ante el Consejo de Ministros en relación con el trámite de la reforma a la salud, el ministro ha dado incumplimiento a lo dispuesto en las normas, en relación con su participación activa y notoria en un conjunto de disposiciones que regulan legalmente las funciones y finalidades de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud”, manifestó el exaspirante a la presidencia.

Asimismo, Gómez demandó en su momento a la Secretaría de Salud de Bogotá por perjuicios morales, que superarían los $300 millones, cuando se desempeñó como gerente del Hospital de Usme, en la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015). Un caso que genera inquietud, pues la Superintendencia de Salud es la entidad encargada de vigilar a la secretaría distrital.

“Es la codicia de tener a la señora en un ente directamente vinculado al sector de la salud, pero, además, generar regulación específica a través del Congreso, presentándola, como vocero del Gobierno de Gustavo Petro, para regular las funciones, entre otras, de su propia esposa”, afirmó Gómez, quien es abogado de profesión.

Según Gómez, Jaramillo debió solicitar ante el Consejo de Ministros, que se designara un funcionario ad hoc para adelantar la discusión y aprobación del articulado en la Cámara de Representantes; en específico con los que hacen referencia a la Supersalud.

“Hay medio millón de puestos en el Estado Colombiano, ¿no será que la pueden poner en otro lado?, tiene que ser en la entidad que se encarga de la inspección, vigilancia y control de las normas que el ministro promueve, de los decretos y las resoluciones”