Otro proyecto del Gobierno de Gustavo Petro que ha despertado polémicas llegará a la agenda del Congreso de la República para las últimas semanas de la legislatura. Se trata de la Ley de sometimiento o sujeción a la justicia que ya tendría lista la ponencia para empezar la discusión y ser votada en sus primeros debates.
Se espera que el proyecto liderado por el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna en el Gobierno nacional, y en el Senado por Ariel Ávila, tenga su primera ponencia radicada el martes 23 de junio. El cronograma daría para que tenga sus primeros debates en las últimas semanas de la legislatura y continuara el trámite en sesiones extraordinarias.
El senador ponente aseguró que estaban en unos ajustes del articulado correspondientes a las recomendaciones del Consejo de Política Criminal y los reparos que hizo públicos el fiscal general Francisco Barbosa. Ahora la ponencia ya estaría lista para que la Comisión Primera del Senado la discuta y al vote.
Ávila confirmó a Infobae Colombia que, por decisión de la bancada y los ministros, se radicará la ponencia entre el martes y el miércoles. Esperan que la discusión inicie formalmente el 30 de mayo, para cumplir con el primero de los cuatro debates correspondientes.
“No va a haber excarcelaciones, la persona que esté condenada de una organización criminal tiene que pagar 10 años de cárcel y será excarcelada dos años y medio después de cumplir esa pena o que entre en vigencia la ley”, había explicado el senador del partido Alianza Verde.
Así mismo, señaló que no hay nuevos jueces, no hay tribunales transicionales, no hay nuevos procedimientos, sino que el sometimiento de las estructuras criminales que acepten los términos para acogerse a la justicia, quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, es decir la justicia ordinaria. “La extradición sigue quedando intacta”, sostuvo Ávila.
Esta iniciativa es clave para el Gobierno nacional porque es el camino que ofrece la política de Paz Total para que los miembros de las organizaciones criminales de alto impacto puedan volver a la vida civil y así desmantelar estructuras que generan violencia en los territorios.
La de sometimiento o sujeción establece el marco jurídico sobre el que las personas que pertenecen a grupos que no tienen reconocimiento político, se acojan a la justicia. Es decir que no se trata de una negociación, sino de la aceptación de los términos sobre los que serían condenados sus crímenes bajo beneficios, la reparación a las víctimas y la entrega de bienes producto de actividades ilegales.
El debate está asegurado. Ese proyecto fue objeto de uno de los primeros choques entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, quien lo comparó con negociar con narcotraficantes y ofrecerles beneficios. La procuradora, Margarita Cabello, también ha criticado la iniciativa al comparar las prebendas para los acogidos y las que reconocen a las víctimas.
Una vez se radique la iniciativa se conocerán los artículos del proyecto, como explicó Ávila, para saber qué ajustes fueron incluidos a partir de las críticas de los diferentes sectores que se han pronunciado desde mediados de marzo, cuando se radicó el proyecto en el Congreso.
La iniciativa contempla beneficios como la rebaja de penas para quienes cumplan con la desmovilización de toda la estructura criminal, entrega de armas, colaboración con la justicia para la construcción de verdad, entrega de bienes de origen ilícito de la que podrían conservar un porcentaje menor al 6% y reparación a las víctimas.
Con el proyecto aprobado quedará completo el marco jurídico de la Paz Total, una de las principales apuestas del gobierno nacional, que en camino de la negociación ha presentado varios tropiezos como dos crisis en las conversaciones con el ELN y la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc, EMC Farc.