El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció en la tarde del jueves 18 de mayo que desde el Gobierno nacional se están evaluando los mecanismos para extender el cese al fuego decretado con cuatro grupos armados ilegales desde el 31 de diciembre de 2022.
La interrupción de acciones armadas pactada entre la fuerza pública, el Estado Mayor Central de las extintas Farc, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) termina el 30 de junio de 2023 (aproximadamente seis semanas), de acuerdo con lo estipulado en los decretos 2660, 2659 y 2656.
En ese sentido, el funcionario indicó, durante un foro organizado en Popayán por Indepaz, que ya hay una hoja de ruta diseñada con el presidente Petro, los ministerios de Defensa de Interior y las Fuerzas Militares para la prolongación de esas reglamentaciones.
“Estamos en una evaluación interna, ya hay unas definiciones que el presidente de la República adoptó en consenso con la oficina del Alto Comisionado, las Fuerzas Militares y los ministros de Defensa y del Interior”, indicó Danilo Rueda.
En ese sentido, agregó que ya hay unas líneas directrices, y con base en estas se desarrollarán los mecanismos que permitan una prórroga del cese al fuego y otra a la pausa de hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados incluidos. Además, ratificó que para extender esa normativa se trabaja de la mano con comunidades en los territorios donde esos grupos ilegales tienen injerencia para lograr una articulación con el Estado y tener una presencia integral.
En el último debate de control político llevado a cabo el martes 16 de mayo, Rueda Rodríguez salió en defensa de los ceses al fuego y reiteró que estos no significaron la pausa de operaciones por parte de la fuerza pública contra esos grupos armados.
Sobre esto, precisó que los operativos de interdicción y control contra esos actores armados le corresponde únicamente al Ministerio de Defensa y que la oficina del alto comisionado no tiene influencia en las decisiones que tome la cartera respecto al actuar de las fuerzas del Estado.
El Clan del Golfo no entraría en esta prolongación
A través del decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022, el Gobierno nacional también había pactado un cese al fuego con las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sin embargo, en los primeros meses de 2022 este grupo incumplió con lo acordado a través de ataques a la fuerza pública y civiles.
Uno de los más grandes ataques de esa estructura se produjo a mediados de marzo, cuando inició el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. En esas manifestaciones hubo influencia de integrantes del Clan del Golfo y quemaron varios buses y camiones, y se produjeron afectaciones contra soldados y policías.
El domingo 19 de marzo, el propio presidente Petro dio la orden de suspender el cese al fuego con las AGC.
“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el ‘clan del Golfo’. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra”, afirmó el mandatario también en su cuenta de Twitter.
La búsqueda de la prolongación de los decretos se daría en medio de los diálogos entre el Gobierno Petro y el ELN, y la negociación de una pausa de acciones armadas mientras avanzan las conversaciones y las trabas del Estado Mayor Central (al mando de Iván Mordisco) para instalar la mesa de conversaciones con la actual administración bajo el argumento de que no hay garantías para el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv) de esa medida.
También, se prolongaría bajo el anuncio hecho también por el alto comisionado de iniciar procesos de diálogo con siete estructuras armadas ilegales, entre ellas, justamente, la Segunda Marquetalia bajo el control de Iván Márquez.