Un nuevo episodio de retención en contra de funcionarios públicos se registra en el país. En la mañana de este 9 de mayo se reporta que la comunidad indígena Embará, que tiene presencia en el Valle del Cauca, decidió retener a varias personas, entre estas el alcalde del municipio de Restrepo, Armando Vélez Vélez. Finalmente, se llegó a un acuerdo y todo fue controlado por el mismo mandatario local.
De acuerdo con la información compartida por Caracol Radio, la decisión de los indígenas se dio como una forma de presionar a las autoridades para que les cumplan lo prometido en cuanto a recursos destinados en atender las necesidades básicas de los miembros de la comunidad, por lo que llegaron a la oficina de la alcaldía local y cerraron el establecimiento.
Por el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales, pero medios como la W Radio y Blu Radio mencionaron que, al parecer, el alcalde de Restrepo logró sostenían un diálogo para negociar la situación y las exigencias de los indígenas en las que se encontraban: vivienda y obras públicas en su territorio.
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De acuerdo con en medio Telepacífico, Vélez finalmente llegar a un acuerdo de seis puntos, aunque no se conoce con exactitud todos, entre estos se dará un convenio entre el Gobierno local y la comunidad, para que los indígenas sean los que manejen los recursos que serán dispuestos para las obras de la comunidad.
Una de las primeras figuras de la política nacional en pronunciarse frente a la situación fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que mediante sus redes sociales mencionó que esta forma de proceder se debe llamar “secuestro” e hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la emergencia en la zona.
Por el momento no ha habido más mensajes, pero en redes sociales los internautas cuestionan la situación debido a que no es la primera vez en el año que se reporta una situación como estás en territorio, una de las más recordadas fue la que se presentó en el Caguán en el mes de marzo en el contexto del paro minero.
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De acuerdo con lo reportado, en ese momento fueron secuestrados, 79 policías y 6 civiles. Pero en este evento la situación empeoró, pues adicional fueron asesinadas dos personas, un uniformado y un ciudadano.
Los motivos por los cuales estuvieron protestando estas comunidades era por el incumplimiento del Gobierno nacional en la pavimentación de 42 kilómetros de la vía que comunica a Los Pozos con el casco urbano del municipio. Además, exigían a la petrolera el pago de un millón de dólares anuales en efectivo, petición que no fue aceptada por la empresa, ya que aseguró que este sería calificado como delito de extorsión.
En ese momento, las investigaciones mostraron que la situación habría sido generada por infiltración de disidentes de las extintas Farc en la zona. Sin embargo, en el hoy exministro Alfonso Prada, tras hablar con la comunidad, señalo que el hecho habría sido un “cerco humanitario”.
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“Aquí hubo, efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos, y esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario, que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Nosotros le damos mucho valor a la palabra, la palabra que se expresa en ese documento es que ustedes intentaron, claramente, evitar confrontación y proteger, incluso, la vida de quienes estaban ese momento”, estas fueron las palabras del ministro Prada, para desestimar que la retención de los policías fue un secuestro.