Exmagistrados del Consejo de Estado pidieron a Petro que respete la división de poderes

Los 24 exconsejeros de Estado, en un comunicado a la opinión publica, advierten que pretender que la Fiscalía o la Rama Judicial esté bajo órdenes del Ejecutivo, encarnado en el presidente de la República, “anula la necesaria autonomía que debe existir como garantía fundamental de la transparencia de sus decisiones”

24 exconsejeros de Estado le 'jalaron las orejas' al presidente Gustavo Petro por decir que era el jefe del fiscal general de la Nación Francisco Barbosa. AP Foto/Paul White.

En un comunicado a la opinión pública, 24 exconsejeros de Estado rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que, desde España, dijo que él, como jefe de Estado, es jefe del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, al que le ha preguntado insistentemente por la investigación sobre el asesinato de 200 personas a manos del Clan del Golfo. Los exmagistrados del Consejo de Estado elevaron un llamado para que todos los poderes públicos y autoridades respeten la división de poderes.

Así comienza la carta de los exconsejeros de Estado en la que advierten que pretender que la Fiscalía General de la Nación o la Rama Judicial, esté bajo órdenes del Ejecutivo, encarnado en el presidente de la República, “anula la necesaria autonomía que debe existir como garantía fundamental de la transparencia de sus decisiones”, argumentando que “la independencia de la Rama Judicial es fundamental para asegurar el Estado de Derecho”, al constituirse como un pilar de la misma.

Por lo que hicieron un llamado a respetar la división de poderes:

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Los exmagistrados del Consejo de Estado que firmaron la carta son: María Claudia Rojas, Jorge Octavio Ramírez, Carlos Alberto Zambrano, Alejandro Ordóñez, Luis Camilo Osorio, Alberto Arango Mantilla, Mauricio Fajardo, Libardo Rodríguez Rodríguez, Camilo Arciniegas Andrade, Susana Buitrago Valencia, Bertha Lucía Ramírez de Páez, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Germán Rodríguez, Ramiro Saavedra, Alfonso Vargas, Olga Mélida Valle de la Hoz, Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Hernando Alvarado, Enrique Arboleda, Juan Alberto Polo, Sandra Liseth Ibarra, Olga Navarrete, Mario Alario Méndez y María Elizabeth García González.

La carta se puede leer, completa, a continuación:

Humans Rights Watch calificó como preocupantes las declaraciones de Petro sobre el fiscal Barbosa

El subdirector de Humans Rights Watch comentó las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Twitter.

El subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, en Twitter, advirtió que las “crecientes tensiones” entre el fiscal y el presidente ponen al país en una “situación institucional preocupante”.

En un segundo trino, Pappier advirtió que “las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional preocupante”. Y señaló que estas tensiones se dan preciso en un momento en el que la Fiscalía tiene la tarea de “realizar procesos sólidos” contra organizaciones criminales para avanzar en su sometimiento a la justicia y en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional.

El subdirector de Human Rights Watch también retuiteó un análisis que hizo el jurista e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Rodrigo Uprimny. En el trino, el jurista advirtió que en este nuevo encontrón entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro ambos se equivocan: “se equivocan tanto Petro como Barbosa en este enfrentamiento, que no es digno del presidente y del Fiscal General, sino que parece una inaceptable pelea de egos”.

Uprimny expuso que la interpretación que hizo el presidente del artículo 115 de la Constitución de 1991 es errada e inaceptable por lo que podría acarrear:

Sobre la reacción del fiscal Francisco Barbosa, Uprimny dijo que no solo se equivoca al calificar al presidente como dictador, sino que su reacción es “inaceptable”, cuando lo que Petro le estaba preguntando era por una investigación, facultad que le otorga la Constitución en el artículo 251, que Uprimny reseña en su análisis.

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