Tras un mes, los mineros en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba suspendieron sus manifestaciones, que en algunos casos derivaron en disturbios.
La protesta que paralizó el noroccidente del país y que tuvo como consecuencia el fin del cese el fuego bilateral con el Clan del Golfo, grupo al que señalaron las autoridades de incitar la violencia en las protestas, no llegó a su fin, pero estará en pausa.
“No vamos a levantar el paro, se suspende y nos vamos a la casa con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar”, dijo Saúl Bedoya, vocero del comité del paro minero.
La protesta comenzó el pasado 2 de marzo en rechazo a las operaciones policiales y militares contra la minería ilegal que destruye el medioambiente.
Bedoya agregó que “nunca antes” ninguna protesta logró lo que consiguieron durante las movilizaciones para los mineros de la región del Bajo Cauca.
El paro minero, causó el confinamiento de más de 250.000 personas, lo que obligó a las autoridades a realizar caravanas para garantizar el normal tránsito por la troncal de la costa, proteger la integridad de los transportistas y abastecer a las regiones que estuvieron aisladas.
Durante el paro las autoridades dijeron que el Clan del Golfo hizo un atentado en el que destruyó el acueducto del municipio de Tarazá, donde también fue incendiado un peaje, entre otros ataques.
Por ello el Gobierno acusó a las también conocidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como la principal banda criminal del país, de romper el cese el fuego, razón por la cual puso fin al mismo con ese grupo el mes pasado.
Precisamente, el miércoles 5 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Prada, presidió un consejo con el resto de los integrantes del Ejecutivo en Caucasia (Antioquia), uno de los municipios epicentro de las protestas donde aseguró que se brindarán las condiciones y el diálogo necesario en beneficio de la calidad de vida de quienes ejercen la pequeña minería y sus familias.
Asimismo, comunicó que el presidente Petro le pidió a Irene Vélez, jefa de la cartera de Minas y Energía, que busque alternativas tecnológicas que se puedan utilizar en la extracción de oro en esa parte del Nordeste antioqueño. De paso, ratificó la orden —dada en un principio desde Jericó por el propio jefe de Estado—, de revisar toda la titulación minera en esa región “con el fin de determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado”.
Y, además, solicitó al Ministerio de Transporte realizar “una caracterización” de la maquinaria pesada que opera en la región y sus dueños, con miras a una salida social y económica.
“El presidente Gustavo Petro ordenó la urgente conformación de la mesa técnica que articule la respuesta y oferta institucional que se viene desarrollando para la región para definición de un plan integral”, detalló el Gobierno sobre las medidas tomadas para enfrentar la situación.
La suspensión del paro tras este mencionado encuentro tras el cual se dijo en un comunicado que “es prioridad la atención de la población que tiene incidencia en la extracción minera en la región”.
“Muestra de esto ha sido la presencia continua en los municipios del Bajo Cauca antioqueño desde el inicio de la protesta social, en donde se han realizado mesas de diálogo con la comunidad, con la participación de los ministerios de Minas, Ambiente y del Interior, así como de otras entidades cuya misión es garantizar los derechos de esta población”, detallaron en la misiva.
Por su parte, la jefa de gabinete, Laura Sarabia, agregó en su cuenta de Twitter que “el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección del medioambiente, como uno de los pilares de su gestión, y la búsqueda de soluciones integrales para la comunidad”.
(Con información de EFE)