Tras varias semanas de las manifestaciones en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, el 5 de abril se dio fin al paro minero, así lo anunció Saúl Bedoya, vocero del comité de los protestantes: “No vamos a levantar el paro, se suspende y nos vamos a la casa con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar”.
Por lo que este 6 de abril en la mañana, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió al tema y mediante su cuenta de Twitter junto con un corto mensaje y un comunicado ratificó la voluntad del Gobierno nacional de avanzar en soluciones al problema.
En el documento, que se resalta el interés del Gobierno por ayudar a superar las situaciones difíciles denunciadas por el sector minero, se resalta que el fin se dio tras llegar a un acuerdo de conformar una instancia por varias carteras (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, Ministerio de ciencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio y turismo; y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) que atiendan las demandas del gremio.
Esto va de la mano con lo mencionado por el mismo presidente Gustavo Petro quien dijo, tras el anunció: “Tras la declaración de levantamiento de la protesta, la presencia de la mesa pro paro minero está garantizada, el Gobierno se encargará de las garantías de seguridad de la población minera y declara nuevamente la firme intención de transitar al proceso de caracterización y formalización minera en conjunto con la comunidad, tal como se puede ver en la declaración de gobierno adjunta al presente escrito”.
Recordemos que esta situación creo un ambiente de orden público complicado en la zona debido a que, en una de las manifestaciones más fuertes, donde algunas entidades como la Fiscalía y la Procuraduría aseguran que se infiltraron miembros del Clan del Golfo, secuestraron un promedio de 76 personas, donde había miembros del Policía, además murieron dos personas, un civil y un uniformado.
Tras este hecho, que creo indignación de varios sectores del país, el Gobierno anunció la suspensión del decreto de cese bilateral de fuego con el grupo armado, señalando que este no habría cumplido el acuerdo.
Por otro lado, también se creó una crisis en la zona debido a que causó el confinamiento de más de 250.000 personas, por lo que las autoridades tuvieron que realizar caravanas humanitarias para garantizar el tránsito por la troncal de la costa y la llegada tanto de alimentos como de medicamentos a toda la ciudadanía, proteger la integridad de los transportistas y abastecer a las regiones que estuvieron aisladas.
Por ahora se sabe que la mesa comenzará a funcionar en las próximas semanas y tratará de lograr los acuerdos que beneficien a las partes, además, de hacerle frente a la minería ilegal, que es una de las fuentes de financiación más grande de las que gozan los grupos al margen de la ley, luego del narcotráfico.