Sobre la tarde del martes 28 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja —Cicr— confirmó que fueron liberadas dos personas secuestradas por el Frente Carlos Patiño, grupo residual de las extintas Farc.
La liberación se produjo en zona rural de Cauca y contó también con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Al respecto, el organismo humanitario indicó que había participado en esa operación “como intermediario neutral, correspondiendo al mandato que tenemos de proteger y asistir, sin distinción alguna, a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia” de acuerdo con lo expuesto por Kian Abbassian, jefe de la subdelegación de esa entidad en Cali.
Asimismo, indicó que posterior a la liberación, se le realizó la valoración correspondiente a las personas retenidas y encontró que ambas estaban en buenas condiciones de salud. Por ello, fueron trasladadas de inmediato hacia un lugar más seguro para reunirlos con sus seres queridos.
El integrante del Cicr también agradeció a las partes involucradas en esa operación “por respetar nuestra labor y confiar en nuestro trabajo humanitario para facilitar la reunificación familiar de las personas liberadas” y reiteró que los conflictos y todas las acciones violentas ejercidas por grupos armados siguen dejando graves consecuencias en la población en gran parte del país. En ese sentido, hicieron un llamado al diálogo para el cumplimiento del derecho internacional humanitario —DIH—
“Por eso es fundamental seguir dialogando con todas las partes en conflicto para recordarles la importancia de respetar y acatar el derecho internacional humanitario, ya que el cumplimiento de estas normas ayuda a disminuir el sufrimiento de las personas”, sostuvo Abbassian.
En el pronunciamiento, el Cicr insistió en la necesidad de proteger la vida de las personas que no hacen parte del conflicto o que han dejado a un lado las hostilidades y, por el contrario, sean tratadas “con humanidad en cualquier circunstancia.
Cabe recordar que el organismo detalló en su informe ‘Colombia: retos humanitarios 2023’ que durante 2022 fueron documentados 400 casos de presunta violación al DIH, “de los cuales más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento” y otras infracciones graves.
Esta liberación de suma a la producida recientemente sobre un escolta de la Unidad Nacional de Protección en zona rural de Catatumbo, en Norte de Santander.
El funcionario identificado como John Jairo Vargas, había sido retenido en el municipio Tibú el martes 21 de marzo y en la operación que desembocó en su liberación intervino un equipo de la Defensoría Regional del Pueblo y fue entregado a un esquema perteneciente a la Unión Sindical Obrera en esta región del oriente colombiano.
Vargas estuvo en poder del ELN desde el lunes 21 del mismo mes cuando se movilizaba en un bus intermunicipal sobre la vía que de Cúcuta conduce a Tibú. Asimismo, los integrantes de la Defensoría también verificaron su estado de salud una vez fue dejado en libertad por hombres de esa guerrilla. Al igual que el Cicr, hicieron un llamado a los actores armados ilegales para que liberen a todos los secuestrados del país y realicen gestos humanitarios que permitan la consolidación de la paz en las regiones.
El 13 de marzo, un hombre fue liberado por el las Fuerzas Militares en el Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con información del Ejército Nacional, “el secuestrado fue encontrado con golpes en todo su cuerpo, desorientado, amarrado de pies y manos con cuerdas y cables, las cuales disminuían la circulación de sangre, de igual manera se encontró en pésimas condiciones de salubridad”. Dicha liberación se produjo en conjunto con la Fiscalía, entidad a cargo de ir tras la pista de los autores de ese secuestro.