El domingo 26 de marzo el presidente Gustavo Petro insistió en regular los servicios públicos: gas, agua y energía, aun cuando el Consejo de Estado no ha dado visto bueno a esas facultades, luego de suspender el decreto con el cual el mandatario asumía dicha regulación por el alto precio de los servicios.
En la Asamblea Nacional Popular Comunal en Bogotá, mencionó que “las reformas que estábamos proponiendo y que vamos a hacer, porque creyeron que tumbando un decreto no podría ejercer las funciones constitucionales que me llevan a dirigir las políticas generales de los servicios públicos domiciliarios en Colombia”.
Mencionó también que quiere abrir camino no de un mundo de regulaciones hechas para colocar de rodillas al usuario de servicios públicos, a través de las facturas, sino para lograr que el que actualmente se conoce como usuario se consolide como propietario de la generación de energía eléctrica en la nación y coayudante del cuidado del agua.
Adicionalmente exaltó el trabajo de las comunidades energéticas que existen en el mundo porque según el mandatario de los colombianos estos incentivan el cambio de las sociedades en donde las comunidades sociales, indígenas y comunales toman el control de la generación y el cuidado de la energía.
La reiteración se generó aun cuando el Consejo de Estado no ha dado respuesta al recurso de reposición que presentó el Gobierno nacional a la suspensión del decreto que le brinda funciones a Gustavo Petro para regular los servicios públicos.
Con la presencia de representantes comunales, el presidente recalcó que: “La acción comunal debe transformarse, sin perder sus valores, para con el gobierno, sin supeditarse al mano a mano en un trabajo comunal poder construir la nueva estructura de la red de servicios públicos de Colombia”.
Concluyó su intervención con otro punto en donde se refirió a la reconstrucción de las vías terciarias en la nación (ternócratas).
Solicitud elevada
Mediante un decreto el presidente Petro decidió asumir durante tres meses el control de los servicios públicos en el país, con el objetivo de revisar las fórmulas con las que se están calculando las tarifas, para buscar la manera en que los usuarios experimenten una reducción.
Sin embargo, desde el 2 de marzo el Consejo de Estado decidió suspender el decreto, entretanto se define si se violó la ley o la Constitución al momento de ser expedido.
Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios envió una carta al magistrado Roberto Augusto Serrato, en donde le solicitó revivir las funciones que había asumido el presidente Gustavo Petro. En el escrito se entregó una explicación detallada sobre como la Superintendencia de Servicios no existió una violación al ordenamiento jurídico, que el Decreto 0227 del 16 de febrero del 2023 expidió de conformidad con la Constitución y la Ley.
Dentro del texto Quiroga mencionó que “se deja claro que el presidente de la República, también tiene la facultad reguladora para expedir actos administrativos de carácter general y/o particular, sin que ello implique una extralimitación de las funciones otorgadas de orden constitucional, teniendo en cuenta que está frente al ejercicio de una función de intervención dispuesta por la Ley, para que la prestación de los servicios públicos se presten conforme al fin social del Estado”.
Consejo de Estado suspendió decreto
Un grupo grande de ciudadanos solicitaron al máximo juez de la administración pública que dimitiera el decreto expedido porque este habría sido expedido presuntamente de manera ilegal. En respuesta a ello se estudió la generación y los tiempos del decreto, se estableció que previo a la firma del presidente esta norma debía recibir comentarios de la ciudadanía por un periodo de 15 días. Tras revisar la página de Presidencia se determinó que el mismo solo estuvo dos días para estudio y que se recibieron varias intervenciones ciudadanas.
Deduciendo así que el Gobierno vulneró la norma sobre la expedición de decretos, ‘’afectando la posibilidad de que los administrados radicaran sus opiniones, sugerencias o propuestas alternativas respecto del proyecto específico de regulación’'. Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gran importancia colectiva.