Organizaciones indígenas podrían convocar movilizaciones ante incumplimientos del gobierno de Gustavo Petro

Los pueblos y organizaciones indígenas del país están dispuestos a movilizarse si se mantienen los incumplimientos de los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional. Señalan que se han desconocido los compromisos pactados de manera sistemática y sus comunidades siguen viviendo situaciones alarmantes.

“Queremos evidenciar el sistemático incumplimiento de los acuerdos que hemos venido pactando después del 7 de agosto con el presidente Petro y las diferentes carteras que se han sentado con nosotros. No ha habido un cumplimiento”, sostuvo el secretario técnico indígena de la Mesa Permanente de Concertación, Pablo Estrada.

Sostuvo que se ha desconocido el Consentimiento Libre, Previo e Informado y la Consulta Previa como derechos fundamentales e irrenunciables de los Pueblos Indígenas, por lo que exigen que se respete esa disposición y se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Enviarles un mensaje a nuestras bases, autoridades que se encuentran en el territorio, que seguimos en asamblea permanente y que dependiendo de la reunión que tengamos con el presidente Petro, estaremos listos y dispuestos a una posible movilización”, advirtió Estrada.

Los 115 pueblos indígenas agrupados en la Mesa Permanente de Concertación denunciaron que sus territorios continúan bajo el asedio de grupos armados. Exigieron la implementación del Acuerdo de Paz, reactivar la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, así como acciones concretas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como Entidades Territoriales para implementar sus sistemas propios en salud, educación, ambiente, justicia, entre otros.

“Manifestamos nuestra voluntad permanente e indeclinable de continuar con el diálogo constructivo, propositivo y transformador, pero no renunciamos a la movilización”, sostuvieron desde el Movimiento Nacional Indígena. Aseguran que apoyan las políticas de Paz Total, pero requieren diálogo para poder avanzar en acuerdos respectos a las exigencias necesarias para la vida de sus pueblos.

“Vemos con gran preocupación y rechazamos el limitado avance en la ejecución de las salvaguardas para la protección del territorio, el Gobierno Propio y la puesta en marcha de nuestros sistemas propios (salud, educación, justicia, ambiente), la lucha contra el cambio y la crisis climática, las dificultades para la construcción de la paz total y protección de los DDHH, y la falta de diálogo directo del Presidente con el Movimiento Indígena”, señalaron las organizaciones a través de su pronunciamiento.

“Esperamos que esta noche el diálogo sea resolutivo y le entreguemos rutas claras para la materialización de los derechos al movimiento indígena colombiano y sus distintas expresiones”, señaló el senador indígena Norman David Bañol, del Mais, quien señaló que siguen adscritos a la apuesta por el cambio y la paz, pero deben exigir atención por parte del establecimiento estatal que representa Gustavo Petro.

Las organizaciones indígenas señalan que nunca han pertenecido a ideologías de izquierda o derecha, sino que representan sus propios intereses. Así mismo, que como movimiento siempre están en minga y resistencia, seguirán en la asamblea permanente y si no se llegan a compromisos para superar la situación, podrían tomar otras determinaciones.

En la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo se eliminaron y modificaron artículos acerca de los recursos destinados a los pueblos indígenas. Sin embargo, se mantuvo la consulta previa e informada como parte de los acuerdos suscritos con la Mesa de Concertación hasta el 6 de febrero de 2023.

En Comisiones Económicas conjuntas se eliminó el artículo 290 que, según el senador del Polo Democrático Wilson Arias, “permitía a comunidades indígenas, afros y campesinas, participar y ejecutar licitaciones de contratación pública, como vías terciarias. Lo tumban para favorecer a mega contratistas”. Así mismo, se modificó el 294 para que el Fondo Buen Vivir continúe siendo administrado por el Ministerio del Interior y no patrimonio autónomo, entre otras modificaciones que para las organizaciones, ponen en riesgo los acuerdos.