6 líderes sociales han sido asesinados en marzo con el crimen de Miguel Arrieta, el ‘Pibe’ de Soledad (Atlántico)

Fue candidato por la Colombia Humana y la Unión Patriótica para el Concejo de esa población del Caribe

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El líder social Miguel Ángel Arrieta Mendoza, de 51 años, a quien le apodaban como 'El Pibe soledeño' fue asesinado en la mañana del viernes 17 de marzo. (Indepaz)

No cesan los crímenes en contra de los líderes sociales en Colombia, y en lo que va de este tercer mes del año ya se asciende a la escabrosa cifra de seis homicidios de estas personas que representan a sus comunidades o trabajaban por la defensa de los derechos humanos en el país. La víctima más reciente fue Miguel Ángel Arrieta Mendoza, a quien apodaban como ‘El Pibe soledeño’ por su parecido físico con el capitán de la Selección Colombia en la década de 1990.

El hombre fue ultimado por sicarios en la mañana del viernes 17 de marzo que llegaron en motocicleta hasta un local en su vivienda y le dispararon hasta quitarle la vida, informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En el periódico regional El Heraldo detallaron que Arrieta Medoza, de 51 años de edad, lo asesinaron en el interior de un negocio que tenía en el barrio Villa Adela, en el mencionado municipio del área metropolitana de Barranquilla. Y aunque fue auxiliado por los habitantes del sector, quienes lo trasladaron a la Clínica Adela de Char en esa población caribeña, sin embargo, falleció por la gravedad de sus heridas.

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“Era un reconocido líder comunitario, quien fue candidato al concejo de Soledad por la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Hace algunas semanas venía denunciando temas de corrupción en el municipio”, agregaron en Indepaz.

Tras el crimen las autoridades de la población atlanticense llevaron a cabo un consejo de seguridad extraordinario que lideró el alcalde Rodolfo Ucrós, señalaron en la revista Semana.

“Rechazamos y lamentamos el crimen del ciudadano Miguel Ángel Arrieta, conocido cariñosamente como ‘El Pibe soledeño’. Ofrecemos hasta 20 millones de pesos de recompensa para dar con los autores de este homicidio”, anunció el mandatario local.

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En el mismo medio de comunicación, Ucrós le solicitó al gobierno Nacional que refuerce el pie de fuerza en su municipio y que se apoye los programas sociales para los jóvenes para prevenir que se vayan a delinquir con las bandas criminales que hay en la zona.

Previo a este crimen se perpetraron los asesinatos de Wilson Bomba, autoridad indígena en Caldono (Cauca), y de Néstor Yesid Martínez, que trabajaba con la Defensoría del Pueblo en Riohacha (Guajira).

En el primer caso, el líder en la comunidad ancestral fue ultimado en la tarde del miércoles 15 de marzo por hombres armados que atacaron la comisión de la Guardia Indígena con la que se encontraba en la mencionada población caucana, informaron en Indepaz.

“Wilson Bomba era un reconocido líder, actual concejal y autoridad tradicional en el cargo de Comisario mayor del Resguardo de San Lorenzo en el municipio de Caldono, Cauca (sic)”, indicaron en la ONG.

Agregaron que estaba solicitando al gobierno Nacional que lo salvaguardaran ante las amenazas de las que estaba siendo víctima, sin embargo, su caso estaba en estudio cuando ocurrió su crimen.

El otro líder social asesinado era Néstor Yesid Martínez, de 49 años, quien trabajó por más de 20 años con la Defensoría del Pueblo en su seccional en el departamento de La Guajira, informaron en ese organismo estatal a través de un comunicado.

Indepaz detalló que el crimen ocurrió en la mañana del miércoles, cuando Martínez se movilizaba en su motocicleta por una de las vías principales de la capital del departamento, donde lo abordaron sicarios que le dispararon hasta acabar con su vida.

“Era el actual defensor comunitario de Riohacha (...) Reconocido por trabajar en la protección de los Derechos Humanos de comunidades afro e indígenas”, destacaron en Indepaz.

Tras conocerse el crimen, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó lo ocurrido y envío sus condolencias a los allegados del líder social.

“Asesinar a un funcionario de la Defensoría del Pueblo es golpear a la comunidad, atentar contra el bienestar de los más vulnerables e irrespetar las reglas básicas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Quiero extender toda mi solidaridad a la esposa y los familiares de Néstor Enrique, así como a sus amigos y las comunidades que lo conocían”, agregó.

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