En la noche del martes 14 de febrero se conoció que un suboficial del Ejército Nacional fue secuestrado en zona rural del municipio Arauquita, en Arauca.
De acuerdo con información recogida por Semana, el mando fue identificado como el sargento Danilo Bravo, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial N°1. Una vez se tuvo conocimiento del hecho, tropas de la Octava División apoyaron las labores de búsqueda y aseguramiento de la zona.
Cabe resaltar que esta parte del Oriente colombiano tiene amplia presencia tanto del Ejército de Liberación Nacional —ELN— como de las disidencias de las extintas Farc, motivo por el cual las autoridades no descartan que alguno de estos grupos haya sido el responsable de la retención del suboficial que, según el medio citado, se encontraba en servicio.
Este hecho contra la fuerza pública se suma al registrado a principios de mes en Cali, cuando un soldado profesional fue asesinado por robarle su fusil. De acuerdo con la institución, el crimen fue cometido contra Cristian José Castillo Guevara en el Batallón Pichincha de esa ciudad.
Al respecto, el coronel Christian Rodríguez Fabra, segundo comandante de la Tercera Brigada, detalló que el soldado estaba adscrito al Batallón de Policía Militar N°3 en el Cantón Militar Pichincha, al sur de la capital vallecaucana. La investigación también arrojó que al fallecido lo atacaron desde afuera de la garita, pues se encontraba en su turno de centinela entre la noche del 2 y madrugada del 3 de febrero.
De igual forma, una versión señala que el uniformado presuntamente fue atacado con arma blanca y luego, le robaron su fusil.
También el secuestro de Bravo se registra en medio de otro violento hecho perpetrado el 6 del mismo mes: 12 hombres fuertemente armados secuestraron a tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el municipio Tarazá, Antioquia. Esto generó un cruce de declaraciones entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el fiscal Francisco Barbosa por el accionar de las Fuerzas Militares.
Primero, el organismo judicial había denunciado presuntas irregularidades por parte del Ejército y la Policía que habrían facilitado el secuestro de los funcionarios en esa región del país, razón por la cual la Procuraduría anunció la apertura de una investigación.
De acuerdo con lo expresado por Barbosa, a los fiscales secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”. Por ello, ordenó el cierre de la seccional de la entidad en Tarazá.
En respuesta, el ministro Velásquez afirmó que estos funcionarios “fueron montados a unos vehículos que transitaron, sin que hubiera ninguna observación o posibilidad de observación desde el exterior que se estuviera produciendo un secuestro. Que los fiscales digan que pasaron por tres puestos del Ejército y que los soldados simplemente saludaban como acostumbran saludar en las carreteras, con el pulgar en alto, pues es justamente porque no tenían conocimiento que se estaba produciendo ese hecho”. También dijo que fue “apresurada” la decisión de cerrar la sede del órgano de control.
A modo de réplica, Barbosa manifestó que ya se le había advertido al ministro Velásquez sobre las declaraciones de sus trabajadores y enfatizó en que “se están haciendo los actos urgentes, las declaraciones, se van a tomar las declaraciones de quienes estaban al mando en esa región del país”.