En la segunda semana de febrero será radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. De hecho, el ministro Néstor Osuna dio a conocer que ya tiene preparado un borrador que se presentará el martes 14 de febrero al presidente Gustavo Petro para después exponerla al Legislativo.
Sobre dicho documento, el jefe de la cartera de la Justicia y el Derecho explicó en Colombia hoy, el espacio radial estrenado por el propio Gobierno nacional, varios detalles de ese proyecto. Precisó que, de aprobarse, esa ley aplicará solamente para aquellas estructuras criminales que no tienen ninguna connotación política —como la guerrilla del ELN— y que además, se sostienen de rentas generada por el narcotráfico, la extorsión y delitos afines.
Al respecto, dijo que se utilizará para el desmantelamiento de estructuras como el Clan del Golfo, Los Pachenca, las diferentes “oficinas” y otros grupos ilegales que “se han nutrido de negocios ilícitos y que lamentablemente han afectado la convivencia en muchos lugares del país”. Incluso, dijo que esa legislación debe entenderse como una oferta que les hace el Gobierno para acogerse a la justicia.
Incluso, advirtió en este punto que “o la toman o la fuerza pública actuará con todo su rigor”.
Otro de los puntos clave del proyecto de ley es, además del desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto, la cárcel efectiva para sus integrantes. Sobre esto, Osuna enfatizó que el objetivo es que estos delincuentes pasen menos tiempo en centros penitenciarios, pero que cumplan sus condenas de manera eficiente y con estricto control de las autoridades carcelarias.
La relación entre la ley de sometimiento y la reforma a la justicia
El ministro de Justicia también aclaró al espacio radial citado que ninguno de los dos proyectos establece una excarcelación masiva, y explicó que los beneficios que se le otorguen a determinadas personas que estén privadas de la libertad, a medida que se resocialicen, los decide un juez.
“Por ejemplo, una persona que ha sido condenada a 10 años de cárcel, lleva cuatro de cárcel y en ese tiempo ha trabajado o terminado su bachillerato, puede solicitarle al juez un permiso de 72 horas cada tres meses”, explicó el funcionario. En días pasados también había enfatizado en que, si bien las penas en Colombia son muy altas, estas no se van a eliminar.
En cambio, explicó que la propuesta que incluye la reforma es que haya beneficios —ajenos a la rebaja de la pena— a cambio de procesos que haga el interno en la cárcel, como terminar su bachillerato, hacer cursos o ejercer algún oficio.
“(...) Si trabaja en la cárcel puede recibir algunos beneficios, por ejemplo, para que conserve su nexo con su familia, para que contribuya con ella o pueda reparar a las víctimas, y también para que se vaya preparando para cuando vuelva a insertarse a la sociedad, esclareció Osuna el 5 de febrero.
El ministro también precisó que esos beneficios tienen que ver con los subrogados penales que se traducen en ‘premios’ que existen en el sistema penal.
Ahora, con respecto a la ley de sometimiento y las penas privativas, Osuna esclareció que este proyecto contempla una reducción de las condenas, entendidas como “modificaciones leves” que también permitirán la reparación a las víctimas. En ese punto, el ministro dijo que los grupos criminales generan “muchísimo dinero” producto de las actividades criminales; por lo tanto, manifestó que tienen con qué reponer a las víctimas los daños causados.
De paso, ratificó que ninguno de los proyectos establece penas alternativas, pues ese mecanismo solo le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—.