
En una iglesia del norte de Virginia, un padre de dos hijos llamado José estaba sentado una larga mesa y mirando un documento legal que tenía delante. Era un texto sobre qué hacer en caso de que él no estuviera.
El informe preliminar empezaba diciendo que si él y su esposa fueran deportados o arrestados, la persona que eligieran como cuidadora de sus hijas tomaría decisiones sobre su escolaridad.
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Con el dedo índice trazando cada línea, iba leyendo cómo esta persona se encargaría de llevar a las pequeñas a la escuela y a la guardería, determinaría quién las recogería y tendría el poder de reservar pasajes aéreos en su nombre para que ellas pudieran reunirse con sus padres en América Central.
La siguiente línea del documento resaltó el hecho de poder tomar decisiones en caso de que alguna de las dos fuera hospitalizada. Ahí, José se quedó helado e inmóvil.
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"Ahí es cuando me necesitan. ¿Qué pasa si no estoy ahí?", se dijo.

Es una pregunta que miles de inmigrantes indocumentados se están haciendo en todo Estados Unidos: en los huertos de manzanas de Spokane (Washington), en los de arándanos cerca de Grand Rapids (Michigan) y en las iglesias y centros comunitarios de Maryland y Virginia.
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En la televisión de habla hispana y en varios sitios web, los abogados de inmigración y los consulados extranjeros responden a una campaña migratoria ampliamente difundida por la administración Trump e instan a los padres indocumentados que podrían ser deportados a dejar instrucciones claras sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades y, sobre todo, sobre sus hijos.
Cerca de 5.1 millones de niños de este país tienen un padre que está aquí ilegalmente, según las estimaciones del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos. Casi el 80 por ciento de esos niños son ciudadanos estadounidenses.
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Hector Quiroga, abogado de inmigración de Spokane, señaló que después que Donald Trump asumiera el cargo, el volumen de llamadas ascendió a unas 300 al día. La mayoría de ellas eran de personas que buscaban proteger a sus hijos y a sus bienes. A pesar de contratar a tres nuevas secretarias no podía asumir todo el trabajo. A través de un video de Internet dio las instrucciones para seleccionar un tutor. El video ya ha sido visto más de 35,000 veces.

"La gente está petrificada. Están tratando desesperadamente de conseguir estos documentos", señaló.
Los abogados advierten que las reglas de custodia varían según el estado y piden a los padres a consultar con organizaciones sin fines de lucro y con abogados de familia antes de firmar cualquier documento. En Virginia, por ejemplo, los inmigrantes pueden asignar cuidadores temporales a sus hijos firmando documentos de poder ante un notario con licencia. Pero en Maryland, alguien designado por los padres tendría que ir a la corte en busca de la tutela.
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Incluso en estados donde las leyes son más complejas, los abogados dicen que los padres deben elaborar un plan de emergencia que designe a alguien para hacerse cargo si son detenidos.
"En definitiva, diría que tomen las precauciones oportunas de seguridad. En estos momentos, cualquiera puede ser detenido y deportado", afirma Michelle Méndez, abogada de Catholic Legal Immigration Network Inc, con sede en Baltimore.
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Eso quedó muy claro tanto para José como para su esposa, GG, mientras veían imágenes de noticias sobre detenciones de inmigrantes semanas después de la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos.
José es de El Salvador y es soldador. GG, de Honduras, trabaja en un McDonald's. La pareja pidió que no se publicaran sus nombres completos por temor a que tal exposición facilitara las cosas a los agentes de deportación.
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Aunque el gobierno de Obama hizo el récord de deportaciones de inmigrantes indocumentados, el ex presidente subrayó que priorizaba las amenazas de seguridad, no a las familias. Bajo el presidente Trump, esas reglas han cambiado. En febrero, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos deportó a Guadalupe García de Rayos, madre de dos hijos que nacieron en este país y que, por tanto, tienen ciudadanía. El 19 de abril, la agencia también devolvió a su país de origen a Maribel Trujillo Díaz, una madre de cuatro ciudadanos estadounidenses.
Los defensores de la reducción de la inmigración ilegal han aplaudido los esfuerzos de la administración Trump diciendo que el aumento de deportaciones disuadirá a otros acerca de la idea de cruzar la frontera sin permiso.
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José y GG deliberaron a última hora de la noche sobre, si en caso de que ocurriera lo peor, cómo se asegurarían de que sus hijas de 7 y casi 2 años estuvieran bien atendidas.
Por último, José le pidió a una amiga, una mujer de origen panameño que ahora es ciudadana estadounidense, que se convierta en la tutora de las niñas si fuera necesario. Ellos se conocieron hace años, en clase de inglés. "Ella me presenta a mí como si yo fuera su hermano", relata.
Finalmente accedió a cuidar a las chicas si sus padres se iban. Estaba resuelto.
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