La ONG venezolana SOSOrinoco alertó este miércoles que, desde 2015, se han intensificado los daños ambientales por la minería en el Parque Nacional Canaima, un patrimonio de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y que alberga la cascada más alta del mundo.
En un boletín, la ONG advirtió que, desde el año 2000 se han perdido un promedio de 1.483 hectáreas por año, pero que a partir de 2015 esta tasa alcanzó las 3.600 hectáreas anuales.
“En estos últimos cinco años el bosque se ha perdido dos veces más rápido que en los 15 previos. La minería dentro del Parque Nacional Canaima se ha expandido 8,4 veces desde el año 2000, a 80 hectáreas por año”, indicó la organización.
En este sentido, SOSOrinoco aseveró que, a pesar de que la minería está “prohibida” dentro del parque nacional, se ha evidenciado cómo la expansión de esta actividad ha afectado a “formaciones naturales de importancia ecológica, sumiendo en la violencia al pueblo pemón y contaminando con mercurio los ríos y comunidades indígenas”.
“Un informe confidencial de SOSOrinoco reveló la presencia de mercurio en la población Pemón evaluada, sobrepasando, en la mayoría de los casos, el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señaló.
La ONG refirió en el boletín que en su más reciente informe de actualización enviado a la Unesco incluyó información sobre el auge del turismo no sostenible en el parque, incluyendo, además de edificaciones “ilegales”, la realización de lujosas y privadas fiestas como la que se celebró el pasado 4 de febrero.
SOSOrinoco ha sostenido que la celebración de estas fiestas “violan los reglamentos que están diseñados para proteger justamente la fragilidad ecológica de este lugar, único en el planeta”.
El 10 de febrero, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación para revisar los daños causados en el lugar como consecuencia de la fiesta.
Por su parte, el Parlamento supervisa las acciones que llevan a cabo las autoridades del país ante el posible daño ambiental causado por la fiesta, celebrada en medio de una crisis que ha llevado al 94,5% de los venezolanos a ubicarse por debajo del umbral de pobreza por ingresos, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
(Con información de EFE)
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