Cientos de habitantes del sector José Félix Ribas de Petare, el barrio de emergencia más poblado de Venezuela, obligaron este viernes a un grupo de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada) a retirarse de la zona durante una protesta contra los abusos policiales y militares.
Unidos al grito de “No queremos chulos” (sinónimo de “matones” y término que también hace referencia a agentes que les piden dinero a las personas a cambio de dejarlos circular), los vecinos en este barrio de Caracas forzaron a los oficiales a subirse a sus vehículos de patrullaje y salir rápidamente del lugar. “¡Aquí no los queremos!”, remarcaron los residentes en sus gritos de protesta.
Reportes de periodistas en las redes sociales señalan que los agentes extorsionaban a los habitantes del barrio.
Petare es la barriada más poblada del país. Con 400.000 habitantes, se trata de un sinfín de viviendas de bloques y techos de zinc levantadas desordenadamente sobre montañas desde mediados de siglo pasado en el este de Caracas, donde los servicios de agua, gas doméstico y recolección de basura son precarios.
Según la ONG Control Ciudadano, durante enero de este año 106 ciudadanos fueron “abatidos” por funcionarios de órganos de seguridad del Estado en el país. “Más de tres personas fueron asesinadas diariamente por cuerpos de seguridad del Estado, en presuntos enfrentamientos”, indicó la organización en un comunicado de prensa.
El informe de la ONG señaló que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) cuenta con el mayor número de “abatidos”, con 22; seguido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada) con 21 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 19. Y denunció que Venezuela “parece avanzar” en el desarrollo de una “política de seguridad ciudadana, en la que prefiere ‘ejecutar’ presuntos delincuentes, antes que procesarlos y reinsertarlos en la sociedad”.
Control Ciudadano explicó que los 106 “abatidos”, los cuales son “justificados” por el Estado venezolano, se tratan —en su mayoría— de casos de “ejecuciones extrajudiciales”, con lo que se violan los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso.
(Con información de EFE)
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